Tras expirar el plazo para el abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al SERVIU, este sábado 25 de julio se dio inicio oficial a la primera fase del desalojo administrativo en el sector de Cerro Chuño.
La intervención, encabezada por la Delegación Presidencial Regional con el respaldo de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y múltiples servicios públicos, marca el comienzo de un intenso plan de recuperación y demolición territorial.
El operativo tiene el ambicioso objetivo de desocupar aproximadamente 250 viviendas y trasladar a más de 700 personas. Para lograr la inhabilitación de las estructuras, el Estado ha movilizado maquinaria pesada y dispuesto un financiamiento regional que asciende a los 3 mil millones de pesos. Las autoridades han estructurado este procedimiento en cuatro etapas que se ejecutarán a lo largo de dos intensas jornadas.
Doble ofensiva: Seguridad ciudadana y emergencia sanitaria
La urgencia del Gobierno por erradicar esta toma responde a dos focos críticos. En primer lugar, Cerro Chuño se había consolidado como un centro de operaciones para agrupaciones de alta peligrosidad, destacando la presencia de "Los Gallegos", una célula directamente vinculada al Tren de Aragua. Debido a la magnitud del riesgo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) decretó el espacio aéreo como zona restringida para resguardar la seguridad durante el procedimiento.
Por otro lado, la desocupación responde a graves motivos de salud pública, ya que los terrenos de la zona se encuentran severamente afectados por contaminación con plomo y arsénico. El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, subrayó la importancia de la demolición controlada: "El cierre perimetral nos va a permitir, una vez que esté al 100%, comenzar a sacar los techos de asbesto que tienen un riesgo de contaminación, y esos van a ir a un depósito en Antofagasta".
Balance inicial y reubicación voluntaria
Hasta el momento, las autoridades reportan un avance pacífico de las gestiones. El delegado Sayes destacó que el despliegue se ha desarrollado sin mayores sobresaltos y valoró "una buena recepción o entendimiento de las personas de que esto lo vamos a recuperar". De hecho, antes de que iniciara la acción policial, 115 casas ya se encontraban deshabitadas y un grupo de 40 familias procedió a retirarse del lugar por voluntad propia.
Para mitigar el impacto social de la medida, el Gobierno dispuso la habilitación de un albergue destinado a recibir a los afectados. Sin embargo, la autoridad regional confirmó que, por ahora, las instalaciones se mantienen sin ocupantes: "De esas personas priorizadas que creemos que pueden necesitar ese apoyo, no han llegado aún a solicitarlo", concluyó.