La Contraloría General de la República confirmó una serie de irregularidades en el procedimiento de ingreso al país de niños y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar, tras concluir una auditoría que evidenció incumplimientos normativos y deficiencias de coordinación entre organismos públicos.
El informe final ratificó observaciones que habían sido adelantadas en un preinforme, donde se advirtió que entre 2024 y 2025 un total de 12 adultos ingresaron a Chile acompañados de cerca de 486 menores de nacionalidad haitiana mediante vuelos chárter. En ese contexto, inicialmente existían 64 niños cuyo paradero no había sido determinado, situación que posteriormente fue aclarada por la Policía de Investigaciones (PDI).
Entre los hallazgos del organismo fiscalizador se identificó la existencia de certificados vencidos o sin legalización, además de la ausencia de documentación obligatoria exigida para autorizar los permisos de reunificación familiar.
Memorándum redujo exigencias para el ingreso al país
La Contraloría también cuestionó la emisión de un memorándum firmado por el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, documento revelado previamente por T13 y que, según el ente contralor, flexibilizó requisitos y condiciones establecidos por la legislación vigente sin que existieran atribuciones legales para ello.
A raíz de estas observaciones, la entidad ordenó la instrucción de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.
La auditoría además detectó deficiencias en el control de vuelos chárter. Una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa y, pese a ello, el Sermig no aplicó oportunamente las sanciones correspondientes.
Asimismo, se estableció que no existió una verificación suficiente respecto de los adultos responsables de los menores de edad, junto con inconsistencias en la información disponible, situación que, según la Contraloría, impide asegurar un control adecuado del ingreso al territorio nacional.
El organismo concluyó que existen "incumplimientos relevantes" asociados a debilidades de control interno, falta de coordinación institucional y deficiencias en la gestión de los procesos migratorios.
Deficiencias en la protección de niños, niñas y adolescentes
El informe también advirtió una insuficiente coordinación entre las instituciones encargadas del resguardo de los menores de edad. Entre las falencias detectadas figuran la ausencia de protocolos comunes, problemas en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo.
Respecto del Servicio Nacional de Migraciones, se identificaron debilidades en los mecanismos de control, incluyendo la falta de verificación de antecedentes proporcionados por los solicitantes, la inexistencia de protocolos para enfrentar situaciones críticas y la aprobación de permisos sin contar con información esencial. Además, se detectaron registros incompletos, duplicados y con errores.
En el caso de la PDI, el informe señala que la institución no dispone de manuales generales y completos sobre control migratorio. También se constataron discrepancias en los registros respecto de la información manejada por el Sermig y falencias en la fiscalización de personas extranjeras en situación irregular.
Por otra parte, se evidenciaron debilidades en la estructura de control interno, ausencia de procedimientos formales para la asignación de solicitudes y una falta de definición clara de roles dentro de los sistemas informáticos institucionales.
Contraloría ordena seguimiento activo de los menores
Entre las medidas instruidas, la Contraloría dispuso que la Subsecretaría de la Niñez implemente mecanismos de seguimiento permanente para verificar que los derechos de niños, niñas y adolescentes no hayan sido vulnerados.
Además, anunció la realización de un examen de cuentas autónomo debido a la falta de aplicación de sanciones contra una aerolínea que habría incumplido la normativa vigente al ingresar al país.
Las conclusiones del informe apuntan a la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de control en materia migratoria, especialmente cuando se trata de procedimientos que involucran a menores de edad.