Una extensa audiencia de formalización desarrollada el domingo recién pasado culminó con siete exfuncionarios de Carabineros en prisión preventiva y un octavo imputado bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional, en el marco de una investigación liderada por el Sistema Regional de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Atacama.
Los detenidos pertenecían a la sección "Centauro" de la Prefectura de Atacama y fueron investigados por distintos hechos constitutivos de delito ocurridos durante el año 2025, antecedentes que derivaron en operativos realizados por personal de la propia institución policial en Copiapó y otras regiones del país.
La audiencia comenzó a las 09:00 horas y se extendió durante toda la jornada en el Juzgado de Garantía de Copiapó. En la instancia, los fiscales de la Unidad SAC, Pedro Pablo Orellana y José Tomás Abarca, expusieron los antecedentes de la investigación, detallando la participación individual de cada uno de los imputados en los ilícitos indagados.
Según argumentó la Fiscalía, los exfuncionarios son investigados por delitos de obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos. A ello se suma un cuarto procedimiento relacionado con tenencia de fuegos artificiales y microtráfico que involucra a dos de los detenidos.
Durante la formalización, el Ministerio Público presentó evidencia y distintos medios de prueba obtenidos en conjunto con la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, tanto a nivel central como regional, antecedentes que sustentaron las órdenes de detención ejecutadas en contra de los expolicías.
Debido a la gravedad de los hechos y considerando que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para todos ellos, además de resguardar el éxito de las diligencias investigativas aún en desarrollo.
Pasadas las 19:30 horas, el juez de turno comenzó la lectura de las cautelares, resolviendo que siete imputados deberán permanecer en prisión preventiva, mientras que el octavo cumplirá arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación y determinó que será Gendarmería de Chile la institución encargada de definir el recinto penitenciario donde los imputados cumplirán la prisión preventiva, velando por las condiciones de seguridad correspondientes.
