Dos exfuncionarias del estudio jurídico Romero y Cortés, además de un condenado por tráfico de armas fueron formalizados este martes en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción que afecta al sistema de justicia penal de Los Ángeles, causa que continúa sumando antecedentes y nuevos involucrados.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y estuvo encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia, el Ministerio Público formalizó a P.J.G. y C.C.U., ambas eran parte del estudio jurídico Romero y Cortés, además de M.B.B., quien actualmente cumple condena en una cárcel de alta seguridad en Santiago.
Según detalló la magistrada Aguilera, las dos mujeres fueron imputadas por los delitos de asociación criminal y acceso indebido a la información, este último en carácter reiterado.
"El día de hoy (martes), en este Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Ángeles, se llevó a cabo la formalización de tres nuevos imputados en esta causa; se trata de la formalización de dos ex funcionarias del estudio jurídico Romero y Cortés, quienes se desempeñaban, una como secretaria y la otra como procuradora", explicó la jueza.
En esa línea, agregó que el Ministerio Público solicitó para ambas las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los demás imputados de la causa.
La magistrada precisó que el tribunal accedió a dichas medidas considerando el nivel de participación atribuido a las imputadas dentro de la investigación.
Asimismo, indicó que durante la audiencia se hizo hincapié en que ambas imputadas, pese a desempeñarse en el estudio jurídico investigado, no tendrían un rol central en las presuntas dinámicas delictivas indagadas por la Fiscalía.
"Se hizo hincapié en las circunstancias de que -en ambos casos, tratándose de funcionarias del estudio jurídico- el rol que desempeñaron no era de relevancia en cuanto al poder de ejecución que tenían en estas supuestas dinámicas delictivas", afirmó.
Respecto del tercer imputado, M.B.B., la formalización se realizó por el delito de tráfico de armas, contemplado en la Ley de Control de Armas.
Sobre este punto, la magistrada explicó que el Ministerio Público únicamente solicitó la prohibición de comunicación con los demás imputados, considerando que el acusado actualmente cumple condena en un recinto penitenciario de alta seguridad en Santiago.
INVESTIGACIÓN POR RED DE CORRUPCIÓN
El fiscal Sergio Pérez, integrante del equipo anticorrupción de la Fiscalía Regional de Ñuble, señaló que las nuevas formalizaciones se enmarcan en una investigación de largo aliento que indaga una presunta red de corrupción vinculada al sistema de justicia penal angelino.
El persecutor detalló que una de ellas se desempeñaba como secretaria del estudio jurídico Cortés y Romero, mientras que la otra mujer ejercía labores como abogada procuradora del mismo estudio.
"A ambas se les formalizó por dos ilícitos: el delito de asociación criminal previsto en el artículo 293 del Código Penal y, asimismo, el delito reiterado de acceso indebido del artículo 2, inciso segundo, de la ley que regula los delitos informáticos", explicó Pérez.
En cuanto a M.B.B., el fiscal señaló que fue formalizado por infracción al artículo 10 de la Ley de Control de Armas, correspondiente al delito de tráfico de armas.
AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN DE CARGOS
Según expuso la Fiscalía durante la audiencia de formalización de cargos, las imputadas habrían participado en una asociación criminal destinada a obtener ventajas procesales mediante el acceso indebido a información reservada del sistema informático de la Defensoría Penal Pública.
En este contexto, el Ministerio Público sostuvo que las funcionarias del estudio jurídico accedieron a antecedentes sensibles de imputados, testigos y causas penales sin autorización judicial ni del fiscal correspondiente.
Entre los antecedentes presuntamente revisados figuraban declaraciones, informes sociales, peritajes, fichas clínicas, medidas investigativas, órdenes de detención y antecedentes de potenciales clientes.
De acuerdo con la Fiscalía, esta información permitía al estudio jurídico "mejorar la puesta en escena, sus posibilidades de negociación con los demás intervinientes o su desempeño en diversos procesos penales", además de definir los montos que cobraban a sus clientes.
La investigación también apunta al ex defensor penal público jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado, quien habría facilitado claves de acceso al sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública para que integrantes del estudio jurídico revisaran y descargaran carpetas investigativas reservadas.
Según se expuso en la audiencia, una de ellas habría ingresado al sistema al menos 50 veces entre 2017 y 2023, revisando causas penales, órdenes de detención, datos personales y antecedentes de imputados a petición de las abogadas del estudio.
En paralelo, la audiencia abordó la formalización de M.B.B. por el delito de tráfico de armas, en grado de desarrollo consumado.
Según la investigación, mientras permanecía en prisión preventiva durante 2022, el imputado habría coordinado junto a las abogadas del estudio jurídico una supuesta "cooperación eficaz" falsa, destinada a obtener beneficios judiciales en una causa por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
En esa época, M.B.B. era miembro de la banda que conocía como "Los Corbatas", cuyo líder era Luis Corbalán. "Es así que durante los meses de noviembre y diciembre del año 2022, Cortés y Romero con M.B.B. se mantuvieron en permanente contacto mediante mensajería de WhatsApp, toda vez que M.B.B. mantenía un aparato celular mientras se encontraba en prisión preventiva en el centro de cumplimiento penitenciario. De esta forma, el imputado le informó a las abogadas que instruiría el envío de armas de fuego y municiones a un sujeto (...)", detallaron desde la Fiscalía durante la audiencia.
Posteriormente, se habría generado una denuncia anónima ante el Ministerio Público, buscando aparentar colaboración con la investigación y acceder a una atenuante contemplada en la Ley de Control de Armas.
Tras la denuncia, la Fiscalía autorizó diligencias investigativas que terminaron con la detención y posterior condena de otro sujeto por tenencia ilegal de armamento.
REVISIÓN DE CAUTELARES
El fiscal Pérez también informó que durante la jornada del lunes recién pasado se desarrolló otra audiencia relacionada con esta misma investigación, instancia en la que se revisaron las medidas cautelares de algunos de los imputados ya formalizados.
Entre ellos se encontraba Patricio Gutiérrez Marinao, exdefensor local jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles, cuya defensa solicitó el alzamiento de las cautelares vigentes.
Sin embargo, el tribunal rechazó dicha petición. "La defensa pretendía que se alzaran las medidas cautelares respecto de él, pero esa petición fue rechazada por parte del tribunal a instancia de la fiscalía, por estimarse que no se han modificado los presupuestos que acreditaron la existencia del delito, la participación, ni tampoco se ha morigerado la necesidad de cautela", afirmó el persecutor.
Asimismo, se revisó la situación cautelar de Nelson Sáez, funcionario del tribunal e igualmente imputado en la causa, respecto de quien se mantuvieron las medidas de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicación con los demás involucrados.
Desde la Fiscalía confirmaron que el plazo de investigación continúa vigente y que aún restan diligencias pendientes en una causa que ha generado amplio impacto debido a los nexos que involucran a actores del sistema judicial y penal de la capital provincial de Biobío.
En esta investigación, además está imputado un exfiscal de Los Ángeles, por quien ya se tuvo a la vista una querella de capítulos en la I. Corte de Apelaciones de Concepción, cuya sentencia se conocerá el 15 de este mes. La aprobación de esta querella presentada por la Fiscalía es necesaria para solicitar medidas cautelares ante una eventual formalización.
Asimismo, otra imputada en esta causa es una jueza de Los Ángeles, por quien la Fiscalía también presentó una querella de capítulos, la que está suspendida a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, ya que la magistrada presentó, en esa instancia, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
La Fiscalía realiza esta indagatoria con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.