El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a presidio perpetuo simple a E.B.M.A., por su responsabilidad como coautora inductora del delito consumado de homicidio calificado cometido en marzo de 2024 en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Francisco de Mostazal.
En fallo unánime, el tribunal también sentenció a H.F.D.R.V. a 18 años de presidio como autor colaborador del crimen, mientras que F.C.O.V. recibió una pena de 10 años de cárcel en calidad de cómplice.
De acuerdo con la resolución judicial, los acusados coordinaron previamente el asesinato de la víctima, distribuyéndose distintas funciones para concretar el homicidio. La planificación se habría desarrollado aprovechando una reunión de negocios que sostendrían la víctima, H.F.D.R.V y ejecutivos de una empresa empacadora vinculada a una sociedad comercial que compartían.
La sentencia estableció que el 21 de marzo de 2024 H.F.D.R.V realizó dos transferencias bancarias a E.B.M.A por un total de $2 millones, dinero que habría sido utilizado para financiar la ejecución del crimen.
Según los antecedentes acreditados en juicio, ese mismo día la víctima se reunió con H.F.D.R.V en un servicentro Shell ubicado junto a la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal.
Paralelamente, desde Santiago se trasladaban dos sicarios extranjeros ocultos en un camión Hyundai conducido por F.C.O.V., quien además transportaba la motocicleta utilizada posteriormente en el ataque.
Tras abandonar la estación de servicio, la camioneta de la víctima fue seguida por los atacantes en motocicleta. En plena carretera, los sicarios efectuaron al menos diez disparos contra la cabina del conductor, impactándolo cuatro veces en la cabeza.
Producto de las lesiones balísticas, la víctima perdió el control del vehículo, colisionando primero con otro automóvil y posteriormente con un camión, falleciendo en el lugar a causa de un traumatismo craneoencefálico de origen balístico, según determinó el Servicio Médico Legal.
El fallo sostiene que E.B.M.A facilitó el camión utilizado para trasladar a los sicarios y coordinó la logística del crimen junto a F.C.O.V., quien se encargó de movilizar a los involucrados, dejarlos en las cercanías del lugar del ataque y posteriormente ayudarlos a escapar y deshacerse de evidencias como la motocicleta y vestimentas utilizadas durante el homicidio.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó que, una vez ejecutoriada la sentencia, se tomen muestras biológicas de los condenados para incorporar sus perfiles genéticos al registro nacional de ADN de condenados.
