La tarde de este viernes, Gendarmería confirmó el ingreso del exdiputado Joaquín Lavín León al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto destinado a imputados por delitos de alta connotación pública y económica, luego que la justicia decretara la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.
En paralelo, Arnaldo Domínguez Vallejos, exasesor del exparlamentario y también formalizado en la causa, fue derivado hasta el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, tras quedar igualmente sujeto a la máxima medida cautelar.
Desde Gendarmería informaron que ambos imputados "se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario", incluyendo procedimientos de clasificación, segmentación y evaluación de salud.
Tribunal apunta a una "red de ilicitud"
Durante la audiencia de formalización, el juez Daniel Urrutia ordenó la prisión preventiva de Lavín León por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida la gravedad de los delitos investigados y las eventuales penas asociadas.
El magistrado sostuvo que, de acreditarse los hechos expuestos por el Ministerio Público, "se habría creado una verdadera red de ilicitud", agregando que el entonces diputado habría dejado de actuar como representante ciudadano "para convertirse en un agente de captura".
Asimismo, Urrutia fundamentó su resolución en la reiteración de los delitos imputados y en las penas probables, las que —según expuso— podrían superar incluso los 10 años de presidio efectivo.
Fiscalía acusa fraude al Congreso por $189 millones
La investigación del Ministerio Público sostiene que Joaquín Lavín León habría defraudado al Congreso Nacional entre los años 2015 y 2026 mediante distintos mecanismos que, en conjunto, significaron un perjuicio estimado en al menos $189 millones de fondos públicos.
Uno de los esquemas investigados corresponde a la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas por "Imprenta MMG", las que habrían sido usadas para justificar gastos vinculados a campañas electorales. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2022 se rindieron 32 documentos falsos por un monto cercano a $18,8 millones.
A ello se suma el desarrollo de la plataforma digital "SocialTazk", herramienta que habría sido diseñada para administrar bases de datos electorales y cuyo financiamiento, de acuerdo con la acusación, provino íntegramente de recursos del Congreso.
Otro de los puntos investigados apunta a la contratación de Belén Carrasco Riquelme —pareja de Domínguez Vallejos— como asesora parlamentaria entre 2014 y 2022. La Fiscalía sostiene que, al menos desde 2018, no habría realizado funciones efectivas, pese a recibir pagos que superarían los $39 millones.
El exdiputado enfrenta cargos por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos que habrían sido cometidos entre 2015 y 2026.
En tanto, Domínguez Vallejos fue formalizado como presunto autor de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, ilícitos que la Fiscalía sitúa entre 2015 y 2025.
