Las medidas cautelares decretadas en el marco de la denominada "Operación Voltaje" marcaron un nuevo avance en la investigación que busca desarticular una red dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre en el país.
En la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el tribunal decretó prisión preventiva para cuatro imputados identificados como líderes o actores principales de la estructura criminal; ocho quedaron con arresto domiciliario total, mientras que nueve quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad.
El Ministerio Público apeló buscando cautelares más gravosas, pero la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó íntegramente lo resuelto por el tribunal de garantía, manteniendo también el plazo de investigación fijado en 120 días.
De los siete detenidos en la región del Biobío, todos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. De ellos, tres quedaron en prisión preventiva y cuatro con la medida cautelar de arresto domiciliario total, incluido Abdel Karim Sukni, hermano de la conocida abogada Helhue Sukni.
LA INVESTIGACIÓN
Cabe recordar que, en el marco de la causa vinculada al robo de cobre, la Fiscalía Regional de Los Lagos concretó la denominada "Operación Voltaje", una investigación que permitió desbaratar a una organización criminal dedicada al robo, receptación, procesamiento y exportación ilegal de cobre hacia mercados asiáticos, principalmente China.
El operativo fue encabezado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Los Lagos, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, tras varios meses de diligencias desarrolladas en distintas zonas del país.
La acción policial se ejecutó el pasado 6 de abril y contempló 22 órdenes de detención simultáneas en las regiones de Tarapacá, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, logrando la captura de la totalidad de los imputados.
En total, 23 personas fueron formalizadas por delitos de hurto de suministros eléctricos, receptación, contrabando, asociación delictiva, lavado de activos y asociación para el lavado de dinero. De ellas, siete corresponden a la región del Biobío.
La fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica de Miguel, destacó el alcance de la investigación y el impacto de la operación.
La persecutora explicó que la red operaba de manera estructurada, con funciones definidas entre sus integrantes, cubriendo toda la cadena delictiva, desde la obtención ilícita del cobre hasta su exportación.
INCAUTACIONES MILLONARIAS
Durante el procedimiento se incautaron 187 toneladas de cobre, además de dinero en efectivo, armas de fuego, maquinaria industrial y vehículos de alta gama. Asimismo, las autoridades lograron congelar cuentas bancarias con más de 1.600 millones de pesos.
"Es importante destacar el gran golpe que se da al crimen organizado. Se logró congelar en cuentas corrientes más de 1.600 millones de pesos. Así se desbarata esta organización criminal que movía alrededor de 816 mil millones de pesos", detalló la fiscal.
PENAS POR ROBO DE CABLES: HASTA DIEZ AÑOS DE CÁRCEL
El abogado penalista y docente de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, Sebastián Painemal, explicó que el robo de cables eléctricos tiene sanciones severas en Chile, especialmente cuando genera afectación a servicios básicos.
Painemal precisó que la legislación endurece las penas cuando el delito compromete servicios esenciales como electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, debido al impacto social que provocan este tipo de ilícitos.
Respecto al delito de receptación —clave en este caso, dado el procesamiento y comercialización posterior del cobre robado— el académico explicó que las penas son más bajas y pueden ir de los 541 días a los tres años, dependiendo de las circunstancias.
Sobre la posibilidad de acreditar judicialmente estos delitos, Painemal sostuvo que, aunque suelen cometerse en sectores apartados o rurales, en este caso la Fiscalía cuenta con evidencia sólida.
"Aquí hubo una investigación de varios meses. No solo encontraron cables o implementos, sino también intervenciones telefónicas, registros de exportaciones, movimientos financieros injustificados y ausencia de respaldo lícito sobre el origen del cobre. Son antecedentes suficientes para sostener acusaciones fuertes".
La "Operación Voltaje" se convierte así en uno de los mayores procedimientos recientes contra redes de robo y exportación ilegal de cobre en Chile, dejando en evidencia el alcance transregional de estas organizaciones y el impacto económico que generan sobre infraestructura estratégica del país.