Una segunda querella de capítulos fue presentada durante el reciente fin de semana largo en la Corte de Apelaciones de Concepción; esta vez, en contra del exfiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán, marcando un nuevo hito en el caso de la presunta corrupción judicial en la capital provincial de Biobío.
De acuerdo con antecedentes recabados por Diario La Tribuna, esta acción debería agruparse con la ya ingresada en contra de la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, y ambas podrían ser revisadas dentro del transcurso de este mes.
Rodrigo Durán fue removido de su cargo en septiembre de 2025 por decisión de la Fiscalía Nacional, tras un sumario administrativo iniciado el año anterior. La sanción fue aplicada directamente por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien optó por la medida disciplinaria más severa contemplada en la normativa vigente.
Uno de los antecedentes más graves que se le atribuyen al exfiscal Durán está vinculado a la investigación de la organización criminal conocida como "Los Corbata", causa en la que figuraba como imputado el ciudadano venezolano Moisés Bastardo Bastardo, acusado de actuar como sicario.
Este caso forma parte de los elementos que habrían motivado tanto las indagatorias administrativas como las acciones judiciales en su contra.
A ello se suma un episodio ocurrido en marzo de 2024, cuando la Fiscalía ordenó allanamientos en dependencias del propio Ministerio Público en Los Ángeles, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Ñuble por violación de secreto. En esa oportunidad, se indagó la relación de Durán con la abogada Andrea Romero Jara, abogada defensora de imputados por narcotráfico, quien además corresponde a su cónyuge.
En este contexto, la querella de capítulos en su contra apuntaría -específicamente- al delito de violación de secreto, al atribuírsele la entrega de antecedentes reservados de causas por tráfico de drogas a su esposa.
La situación de Durán se entrelaza con la investigación que involucra a la jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, contra quien la Fiscalía Regional de Ñuble ya ingresó una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Concepción a fines de marzo recién pasado.
Según el Ministerio Público, la magistrada estaría vinculada a una presunta red de corrupción judicial conformada por las abogadas —Susana Cortés y Andrea Romero— junto a sus respectivos cónyuges: el ex fiscal Rodrigo Durán y el ex defensor penal público, Patricio Gutiérrez.
El Ministerio Público le estaría imputando a Palomera el delito de prevaricación, luego de que la Fiscalía reuniera antecedentes que darían cuenta de su intervención en causas donde las abogadas, con quienes mantenía una relación personal, ejercían la defensa de imputados por delitos de narcotráfico.
UN REQUISITO PREVIO PARA PROCEDER PENALMENTE
La querella de capítulos es una acción judicial especial dentro del sistema penal chileno, que constituye un requisito previo indispensable para perseguir penalmente a determinadas autoridades, como jueces y fiscales.
Se trata de un mecanismo que implica una revisión inicial del mérito de las acusaciones, en donde se analiza si existen (o no) fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de estos funcionarios.
A diferencia de una querella común, este procedimiento no se presenta ante un Juzgado de Garantía, sino que debe ser conocido por la respectiva Corte de Apelaciones y, eventualmente, por la Corte Suprema, instancias encargadas de evaluar si la acusación cuenta con antecedentes suficientes.
Este recurso procede exclusivamente respecto de autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales o vinculadas al sistema de justicia, estableciendo un estándar más exigente antes de someterlas a un proceso penal.
En caso de ser acogida, la querella de capítulos habilita la continuación del proceso penal de forma regular, incluyendo la formalización de la investigación y la eventual solicitud de medidas cautelares. En cambio, si es rechazada, no es posible avanzar en la persecución penal.
De esta forma, una querella de capítulos actúa como un filtro que busca resguardar tanto la seriedad de las acusaciones como la estabilidad institucional, en causas que, como ésta, podrían tener importantes repercusiones en el sistema judicial local.
