El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, en la Región del Biobío, dictó este jueves sentencia contra los responsables del homicidio de tres funcionarios de Carabineros, ocurrido en abril de 2024. Los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antihuén fueron condenados a presidio perpetuo, mientras que un cuarto involucrado recibió una pena de 17 años de cárcel.
La resolución judicial acogió la solicitud del Ministerio Público, que imputó a los tres hermanos como autores del delito de homicidio calificado en contra del sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, quienes fueron asesinados en la comuna de Cañete.
En tanto, Nicolás Rivas Paillao fue condenado a 17 años de presidio efectivo, tras acreditarse su participación como colaborador del crimen, específicamente por haber facilitado una de las armas utilizadas en el ataque.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó que, si bien la sentencia no repara el dolor de las familias, sí representa un avance en materia de justicia. Asimismo, valoró el trabajo coordinado entre las fiscalías del Biobío y La Araucanía, junto a unidades especializadas de Carabineros como Labocar y OS9, además del Servicio Médico Legal.
Según detalló, las penas impuestas responden a la extrema gravedad de los hechos y se complementan con condenas por otros delitos asociados, como robos con violencia, porte ilegal de armas, daños y atentados contra la autoridad. En el caso del cuarto implicado, las penas superan los 20 años de privación de libertad, todas de cumplimiento efectivo.
Desde el Ministerio Público anticiparon que la defensa de los condenados podría recurrir a instancias superiores, aunque manifestaron confianza en que la sentencia será ratificada.
LOS HECHOS
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el ataque ocurrió cerca de la 01:00 de la madrugada del 27 de abril de 2024, en el kilómetro 25 de la ruta P-725, en las cercanías del límite entre Cañete y Tirúa.
Los tres funcionarios, pertenecientes a la Cuarta Comisaría de Control y Orden Público de Los Álamos, fueron emboscados mientras realizaban labores de patrullaje. Según estableció la Fiscalía, los uniformados fueron ejecutados con sus propias armas y posteriormente sus cuerpos fueron quemados al interior del vehículo policial.
El hallazgo fue realizado por personal de Bomberos, que encontró el carro en llamas con los cuerpos en su interior.
El caso generó un profundo impacto a nivel nacional, tanto por la violencia del ataque como por su ocurrencia en el contexto de inseguridad que afecta a la Macrozona Sur.
