El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación vinculada al denominado caso Hermosilla. En su resolución, el tribunal sostuvo que el imputado formaría parte de un "sistema delictivo", considerando la gravedad de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.
La decisión fue comunicada por el juez Guillermo Rodríguez, quien precisó que, si bien algunos de los delitos investigados —como prevaricación y violación de secreto— podrían encontrarse prescritos, otros ilícitos de cohecho "no se encuentran prescritos como señaló la defensa". Asimismo, el magistrado validó la legalidad de la obtención de conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, destacando la existencia de una "relación de interés" entre ambos, además de una "estructura de comunicación triangular" que también involucraría al exministro Andrés Chadwick.
Tras la audiencia, y luego de ser notificado de la medida cautelar, Manuel Guerra fue esposado y trasladado por personal de Gendarmería hasta el recinto penitenciario Capitán Yáber.
El exfiscal fue formalizado por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto, siendo acusado de utilizar su cargo para favorecer al abogado Hermosilla mediante la entrega de información reservada y la solicitud de beneficios.
La resolución del tribunal se adoptó luego de ocho extensas jornadas de formalización, instancia en la que el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, argumentó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de advertir un eventual riesgo de fuga, considerando las altas penas asociadas a los delitos investigados.
Por su parte, la defensa de Guerra cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas, particularmente la obtención de los chats, atribuyendo responsabilidades a la fiscal metropolitana oriente, Lorena Parra. El abogado Cristián Martin sostuvo que la persecutora habría accedido a información sin autorización judicial, mientras que su par Felipe Polanco aseguró que no existen antecedentes suficientes para justificar la prisión preventiva, argumentando además que varios de los delitos imputados estarían prescritos o contemplarían penas de menor gravedad.
