Un veredicto condenatorio por el delito de apropiación indebida fue el que dictaminó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles en contra de una exdirigenta pehuenche, acusada de apropiarse de más de $100 millones que debían ser entregados a las familias afectadas por la inundación del cementerio indígena de Quepuca Ralco, en la comuna de Alto Biobío.
El fallo fue emitido el viernes recién pasado, tras un juicio oral que se extendió por cinco días y que incluyó la declaración de más de 20 testigos, entre víctimas, civiles, funcionarios policiales y peritos especializados.
Según explicó la abogada querellante, Jéssica Espinoza —del estudio jurídico Soto y Espinoza—, el origen del caso se remonta a los acuerdos alcanzados entre las comunidades mapuche pehuenche y la empresa Enel Generación, a raíz de la inundación del cementerio ancestral lote 53, ocurrida en 2004 tras la puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica Ralco.
LAS VÍCTIMAS
El monto apropiado supera los $100 millones y afectó directamente a al menos nueve víctimas, que lograron querellarse y participar activamente del proceso judicial. No obstante, existen otros beneficiarios que no alcanzaron a ejercer acciones legales.
"Existen familias o beneficiados que no alcanzaron a querellarse por cuanto fallecieron antes, considerando que la mayoría de las personas beneficiadas y víctimas de doña María Curriao Reinao fueron personas de avanzada edad, analfabetas y con problemas de salud importantes", precisó Espinoza.
La profesional enfatizó que las víctimas pertenecían a una comunidad históricamente vulnerable, y que el daño no fue solo económico, sino también simbólico y cultural. "Para las familias mapuche pehuenche de la zona fue un acto bastante doloroso, considerando que se trataba de compensaciones vinculadas a la inundación de un cementerio donde estaban sus deudos, cubiertos por el espejo de agua de la Central Ralco", indicó.
ROL DE FACILITADORA
Durante el proceso se acreditó que María Curriao Reinao actuó como facilitadora y dirigente reconocida a nivel local, rol que fue clave para que las familias depositaran su confianza en ella para la tramitación y entrega de los recursos.
"Las familias entregaron su confianza para poder realizar estos trámites. No obstante, y pese a que los honorarios por las gestiones fueron pagados por la empresa, la imputada se apropió de más de $100 millones pertenecientes a víctimas de su propia comunidad, incluso parientes lejanos", sostuvo la abogada.
Respecto de la pena, durante el juicio se solicitó una sanción de presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años de privación de libertad.
VALORACIÓN DEL VEREDICTO
La abogada valoró el veredicto condenatorio y destacó su relevancia no solo jurídica, sino también social. "Para nosotros es satisfactorio buscar y lograr, en definitiva, un veredicto condenatorio contra esta dirigente, por cuanto el origen de toda esta apropiación indebida no es una apropiación indebida simple respecto de civiles cualquiera", señaló Espinoza.
La profesional recalcó que se trató de una situación trágica. "Para las familias mapuche pehuenche de la zona fue un acto bastante doloroso. Considerando las negociaciones que hubo con la empresa Enel Generación S.A., finalmente se logró un acuerdo que fue súper importante tanto para la empresa como para las víctimas, considerando que había sido el término de un conflicto que había durado años", puntualizó Espinoza.
La audiencia de comunicación de sentencia se realizará a las 14:30 horas del próximo lunes 19 de enero.
COBETURA DEL CASO
En marzo de 2019, La Tribuna tomó contacto con María Curriao para conocer su versión de los hechos. En aquella oportunidad, la dirigenta mostró su disposición de contrademandar a las familias denunciantes, por cuanto estas no habrían acudido a las reuniones pactadas para dar curso al pago de las indemnizaciones.
Asimismo, Curriao acusó que el no pago se debió a la falta de rendición de cuentas por parte de los involucrados, paso fundamental dentro del acuerdo suscrito con Enel Generación en febrero de 2017. El mismo planteaba que las personas de la directiva serían las encargadas de gestionar los beneficios económicos.
