Esta semana la Contraloría General de la República (CGR), dio a conocer que existen 73 reparticiones públicas que tienen inconsistencias en sus finanzas.
Se trata de ministerios y municipios, donde el organismo contralor, no logró validar los estados financieros entre 2020 y 2024, derivando cinco casos al Ministerio Público por posibles delitos penales.
Según informa el Diario Financiero , son 21 los municipios que conforman la lista, y que corresponden a Pudahuel, Lo Barnechea, Calama, La Reina, El Bosque, Copiapó, Melipilla, Concón, Castro, Conchalí, Pucón, Collipulli, Tal Tal, Canela, Primavera, Quintero, Putre, Pozo Almonte, Paillaco, Palmilla y María Elena.
En cuanto a las reparticiones estatales figuran, entre otras, Fonasa, Injuv, Junji, Serviu Metropolitano, de O'Higgins y Antofagasta; IND, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Subdere, Junaeb, Onemi, las subsecretarías de Energía, Minería, Trabajo, Bienes Nacionales, Servicios Sociales y la de Economía y Empresas de Menor Tamaño respectivamente.
Asimismo, el Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena, Diprec, Senda, Senabast, SAG, CNR, INE, Fosis, Sernapesca, Subtel, Sernageomin, Senadis, ISP, Sernac, Sernatur.
En la nómina figura además, el Gobierno Regional de O'Higgins.
Recordemos que la Contraloría General de la República, en algunos casos, envió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue, posibles delitos penales.
CONTRALORÍA
De acuerdo a la información entrega por la Contraloría, en todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.
Todas estas situaciones impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes. En total, son $15,9 billones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal.