Un complejo escenario para la transparencia fiscal reveló este miércoles la Contraloría General de la República (CGR) tras liberar su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2). El informe expone una incertidumbre contable que asciende a 15,9 billones de pesos chilenos, equivalente a 17.300 millones de dólares, monto sobre el cual el ente fiscalizador debió emitir una "abstención de opinión" al no poder validar la razonabilidad de las cifras presentadas por 73 instituciones públicas evaluadas.
La gravedad del diagnóstico radica en que la totalidad de los casos revisados, correspondientes a la gestión entre 2020 y 2024, presentó falencias estructurales que impidieron a los auditores obtener evidencia suficiente para respaldar los saldos.
Según detalla el organismo, esta falta de certeza se origina en debilidades críticas de los controles internos y en la ausencia de análisis por parte de las propias entidades para sustentar sus movimientos financieros, lo que dejó a la Contraloría sin la capacidad técnica para confirmar si los dineros fueron utilizados correctamente.
El desglose de la auditoría apunta mayoritariamente al Gobierno Central, que concentra el 91% de los recursos cuestionados a través de 50 instituciones, mientras que el 9% restante involucra a 23 entidades del sector municipal.
Durante el proceso de revisión, los equipos fiscalizadores se encontraron con barreras administrativas significativas, tales como registros contables con inconsistencias no aclaradas, sistemas informáticos vulnerables y rendiciones de cuentas pendientes por montos considerables que no han sido justificados dentro de los plazos legales, impidiendo determinar el destino final de las transferencias.
Según explicó ADN, como consecuencia inmediata de estos hallazgos, la Contraloría activó una serie de medidas disciplinarias y legales. Además de instruir 27 sumarios administrativos y diez procedimientos internos para perseguir responsabilidades funcionarias, el organismo elevó la gravedad del asunto al derivar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
En particular, se detectaron cinco casos que podrían revestir carácter de delito penal, abriendo la puerta a investigaciones judiciales por eventual fraude o malversación de caudales públicos.
"Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas", cierra el comunicado.