Un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una red de corrupción que operaba, principalmente, al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, con ramificaciones en otros recintos penitenciarios del país.
El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del martes recién pasado y consideró allanamientos y detenciones en siete regiones, con la participación de más de 500 efectivos policiales.
La acción tuvo como objetivo desbaratar una estructura criminal dedicada al ingreso y comercialización de elementos prohibidos dentro de las cárceles, mediante el soborno y cohecho de funcionarios públicos.
En total, se ejecutaron 78 órdenes de detención, de las cuales 42 correspondían a gendarmes, en su mayoría con funciones en Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El resto de los imputados son particulares —varios de ellos extranjeros— que coordinaban el negocio ilícito con los funcionarios.
Si bien la mayoría de las detenciones se concentró en la región Metropolitana, el operativo se extendió también a las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y del Biobío. En esta última, siete personas resultaron aprehendidas.
De los 44 gendarmes detenidos, la mayor cantidad se concentra en la región Metropolitana. Sin embargo, las diligencias culminaron con el arresto de funcionarios en todas las zonas involucradas.
INVESTIGACIÓN DE LARGO ALIENTO
La investigación en esta causa se inició en mayo de 2025 y se da en el marco del denominado Foco Penitenciario, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente desde 2024.
La indagatoria es dirigida por el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y cuenta con el apoyo de un equipo especial que integran dos fiscales adjuntos, un abogado asesor y dos analistas. Su trabajo habría permitido acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos al interior de recintos penitenciarios de la región Metropolitana entre 2022 y 2025.
En el marco de la indagación, se logró establecer que en el CDP Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valdrían del soborno y del cohecho de gendarmes con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos.
Junto con ello, se pudo establecer el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, quienes simulaban ser visitas debidamente enroladas, todo ello al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
SIETE BANDAS "MANILLAS"
La investigación permitió identificar a al menos siete bandas que operaban en el exterior de los recintos, conocidas como "manillas", cuyos integrantes —los llamados "manilleros"— actuaban coludidos con funcionarios de Gendarmería. Las coimas variaban según el tipo de elemento ingresado, con pagos que iban desde los $10.000 hasta los $400.000 por operación.
De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios públicos involucrados utilizaban los dineros obtenidos para beneficio propio o de terceros y ocultaban el origen ilícito de los recursos mediante la adquisición de vehículos e inmuebles, además del uso de testaferros, como parejas o familiares.
El operativo concluyó con 66 personas detenidas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Además, se logró la incautación de 183 cuentas bancarias, vehículos, inmuebles, además de armas, drogas y dinero en efectivo, con un monto preliminar cercano a los $50 millones.
TRABAJO COLABORATIVO
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que este procedimiento es resultado de un trabajo sostenido en el tiempo.
"Este no es un trabajo que brinda frutos de un día para otro. Requiere un esfuerzo largo, reflexivo, objetivo y fue dando poco a poco resultados a lo largo del tiempo, pero cuyo centro se ha encontrado en la operación de la que están tomando conocimiento el día de hoy", relató Valencia.
Asimismo, agregó que una investigación de esa naturaleza es posible solo si se trabaja de manera colaborativa y conjunta entre el Gobierno, la Fiscalía y las policías.
En la misma línea, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que se logró acreditar una compleja red de colusión entre funcionarios públicos y particulares, que operaba a través de distintos mecanismos, como encomiendas, traslados internos y accesos irregulares.
Detalló que durante la investigación se analizaron cerca de 9.000 transferencias bancarias y se autorizaron hasta 100 interceptaciones telefónicas para establecer el funcionamiento de la red.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, indicó que de los 44 funcionarios detenidos, 12 fueron aprehendidos al interior del establecimiento y 32 en el exterior. A ellos se suman seis parejas de personas aprehendidas en las afueras del penal.
FORMALIZACIÓN DE CARGOS
Los detenidos serán presentados este viernes 19 de diciembre ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía los formalizará por delitos de asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales, entre otros ilícitos que puedan surgir durante el desarrollo de la investigación.
