Un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desarticular una red de corrupción que operaba al interior del penal Santiago 1, con ramificaciones en otros recintos penitenciarios del país.
El procedimiento se desarrolló durante esta madrugada y consideró el despliegue de más de 500 funcionarios policiales, con diligencias simultáneas en las regiones Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.
Según informó el Ministerio Público, en el operativo se cumplió con 78 órdenes de detención, de las cuales 42 correspondían a funcionarios de Gendarmería, principalmente del penal Santiago 1 y del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín. El resto de los involucrados corresponde a particulares -varios de ellos extranjeros-, vinculados al ingreso y comercialización de elementos prohibidos al interior de cárceles.
En punto de prensa realizado a las 07:00 horas, el fiscal nacional, Ángel Valencia dijo: "este no es un trabajo que rinda frutos de un día para otro, requiere de esfuerzo largo, reflexivo y objetivo, que fue dado poco a poco resultados a lo largo del tiempo".
Agregó que "una operación que comenzó esta madrugada y que todavía está en curso en el centro de Santiago 1 no es posible solo con el esfuerzo de la policía y de la fiscalía. Tampoco lo sería con el esfuerzo de solo una de las policías. Una investigación de esta naturaleza sólo es posible si trabajamos de manera colaborativa y conjunta entre el Gobierno, el Ejecutivo, Fiscalía, las policías; en este caso particular, la PDI y durante la madrugada de hoy, también Carabineros".
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN PENITENCIARIA
La investigación se inició en mayo de 2025, en el marco del denominado Foco Penitenciario, estrategia investigativa que la Fiscalía Occidente lidera desde 2024 para enfrentar delitos de corrupción y crimen organizado en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.
La indagación, dirigida por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, permitió acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales que, mediante sobornos y cohecho, facilitaban el ingreso ilegal de especies prohibidas, además del acceso irregular de personas ajenas a los recintos, simulando visitas debidamente enroladas.
BANDAS DE "MANILLEROS" Y PAGOS ILÍCITOS
De acuerdo con los antecedentes recopilados, en las inmediaciones de los recintos penitenciarios operaban al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como "manillas", cuyos integrantes -denominados "manilleros"- coordinaban el envío de drogas, teléfonos celulares y otros elementos ilícitos, en colusión con funcionarios de Gendarmería.
Los pagos a los gendarmes fluctuaban entre $10.000 y $400.000, dependiendo del tipo de elemento ingresado, ya sea mediante entregas directas, especies o transferencias bancarias.
Los funcionarios involucrados habrían utilizado estos recursos para beneficio personal o de terceros, ocultando su origen ilícito mediante la compra de vehículos e inmuebles, además del uso de testaferros, principalmente parejas o familiares.
El procedimiento concluyó con la detención de 66 personas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería, además de la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
Todos los detenidos serán puestos a disposición del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde serán formalizados este viernes 19 de diciembre.
Entre los delitos que investiga el Ministerio Público figuran: agrupación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales.