Alrededor de 50 efectivos militares peruanos se instalaron este domingo en la "Línea de la Concordia", en la frontera con Chile, luego de que el presidente interino José Jeri decretara el Estado de Emergencia para restringir la entrada de migrantes indocumentados provenientes del territorio chileno. El objetivo de este despliegue, que se extenderá por al menos 60 días, es apoyar a la Policía Nacional de Perú en la vigilancia y resguardo del límite fronterizo.
Según indicó El Mostrador, el despliegue militar peruano generó cierta preocupación en Chile, pero las autoridades chilenas han descartado que exista un aumento significativo en los flujos migratorios. Tras realizar un operativo en el Complejo Fronterizo Chacalluta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto con el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, afirmaron que el tránsito de personas en la zona se mantiene estable. Ramos enfatizó que los flujos observados "no cambian respecto a otros momentos del año o periodos de años similares", y que los mecanismos implementados por el gobierno han funcionado de manera adecuada, manteniendo la situación bajo control.
Esta perspectiva de "normalidad" fue respaldada por Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, quien señaló que, en promedio, diariamente salen entre 5.000 y 6.000 extranjeros por el paso Chacalluta, lo que indica que no hay alteraciones en el flujo migratorio de salida desde Chile.
A pesar de las garantías del gobierno central, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, convocó al Comité Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para analizar el escenario. Vargas hizo un llamado a evitar las sobrerreacciones, desdramatizando la presencia de migrantes y advirtiendo que ciertos sectores han aprovechado la situación con fines políticos. El jefe comunal sugirió que, en lugar de generar alarmas infundadas, la solución pasa por organizar un corredor humanitario.
Sin embargo, el gobernador Diego Paco expresó estar "bastante preocupado" por la situación en la zona fronteriza, señalando que, a su parecer, la gravedad de los hechos no ha sido asumida por el nivel central. Paco criticó que las autoridades nacionales consideren "normal" que haya decenas de personas varadas y acampando en el borde fronterizo.
Desde la oposición, el senador UDI Iván Moreira cuestionó la factibilidad de establecer un corredor humanitario mientras Perú mantiene una frontera militarizada. Además, el senador José Miguel Durana fue más allá, afirmando que la decisión tomada por el país vecino es una consecuencia directa de la "pésima administración del gobierno de Boric" y de la "nula presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores".
En la agenda diplomática, está fijada para este lunes la sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las Cancillerías de Chile y Perú. El subsecretario Ramos recalcó que, de cara a este encuentro, es crucial consolidar aquellas medidas que han tenido resultados positivos, como el acuerdo de reconducción con Bolivia, y reforzar el diálogo a nivel regional. El Ejecutivo insiste en que la situación en la frontera sigue siendo manejable y que no hay indicios de un flujo extraordinario de personas.