Manuel León, trabajador forestal de 60 años, murió tras recibir disparos durante labores de patrullaje nocturno en Victoria, región de La Araucanía, lo que eleva a cuatro los empleados dependientes de CMPC fallecidos desde 2022. Su compañero César Osorio permanece grave con tres impactos de bala.
Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de Empresas CMPC, calificó el atentado como un "acto de carácter terrorista" y reveló las alarmantes cifras de violencia rural: "En el sector forestal se han registrado más de 500 ataques en la última década, casi 50 por año, una situación insostenible".
El ejecutivo se trasladó hasta Victoria para acompañar a las familias afectadas y enfatizó que no se trata solo de un ataque contra la industria, sino "contra personas y familias trabajadoras". León fue atacado junto a Osorio en el sector Selva Oscura, quien fue trasladado desde el Hospital de Victoria a Temuco para recibir atención especializada.
La Corporación Chilena de la Madera (Corma) condenó "con toda la fuerza este cobarde y brutal ataque" a través de su presidente Rodrigo O'Ryan, quien contextualizó que solo horas antes se había registrado otro atentado en Carahue con incendio de maquinarias forestales.
FUNCIONES DE SEGURIDAD
Ruiz-Tagle fue enfático al señalar que no corresponde a empresas privadas asumir funciones de seguridad estatales.
Confirmó que los trabajadores portaban chalecos antibalas al momento del ataque, pero recalcó que "no nos corresponde tomar medidas extremas de seguridad" y que la responsabilidad de protección ciudadana recae en "la autoridad policial y el Estado".
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) exigió que "los asesinos sean identificados y sancionados con el máximo rigor de la ley", mientras pidió al Gobierno "actuar con urgencia y determinación". La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) lamentó que trabajadores rurales estén "expuestos a situaciones de violencia inaceptables".
El hecho ocurrió pese al estado de excepción constitucional vigente en la región, lo que según empresarios demuestra "la osadía de quienes están detrás" y la necesidad de estrategias más efectivas. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, confirmó la coordinación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejecutivo para esclarecer lo sucedido.
La empresa anunció que colaborará activamente con la investigación y tomará "todas las medidas necesarias con fiscalías, policías y abogados" para proceder judicialmente contra los responsables.