Edison Cid Chavarría, martillero público de Yumbel, fue condenado a cinco años y un día de presidio por estafar a más de 60 víctimas en la venta de vehículos y propiedades que nunca entregó. La sentencia se dictó el viernes pasado en el Juzgado de Garantía de Yumbel mediante un procedimiento abreviado que fue objetado por los abogados querellantes.
En la instancia, la Fiscalía arribó a un acuerdo con el imputado. "Esto fue algo que expusieron al Tribunal, donde finalmente solo se exige que el imputado reconozca los hechos de la investigación, lo que impide la imposición de una pena superior a la requerida por el Ministerio Público", relató Nicolás Arismendi, socio fundador del estudio jurídico Díaz y Arismendi y abogado querellante de dos de las víctimas en este caso.
DISCONFORMIDAD
Arismendi explicó que se opuso al procedimiento abreviado ya que "entendía que era una pena demasiado inferior, sobre todo si consideramos la reiteración de la conducta. Estamos hablando de más de 60 víctimas y de un alto monto defraudado, donde hay familias que han perdido los ahorros de toda su vida y algunos, incluso, tuvieron que dejar a su hijo sin poder terminar la universidad".
Frente a esta situación, agregó que junto con el resto de los querellantes "entendíamos que requería una pena mínima de 10 años y un día, o por lo menos que estuviera en el tramo de 10 años y un día a 15 años".
Asimismo, Nicolás Arismendi relató que una de las razones por las que no está conforme con el resultado es porque —además del delito de estafa— también se ingresó una querella por el ilícito de lavado de activos.
Lo anterior, porque, según explicó, se perdió el rastro del monto defraudado, que supera los $700 millones. "Tienen que estar en algún lado", cuestionó Arismendi.
De momento, se evalúa presentar un recurso de apelación respecto de esta causa. "Sin embargo, es una facultad también del tribunal, y vamos a ver qué es lo que se resuelve en la corte. También estoy hablando con parte de las víctimas para ver si seguimos adelante con la investigación del delito de lavado de activos", puntualizó el abogado querellante.
Edison Cid Chavarría enfrentaba cargos por múltiples estafas en la zona centro-sur del país, principalmente en comunas pertenecientes a la provincia de Biobío.
La investigación también incluía a sus dos presuntos socios: su esposa, Tania Aravena, y Jaime Huaquipán, funcionario de una notaría. La mujer, según detalló Arismendi, recibió una pena de tres años y un día.
A los tres se les imputaban cargos por estafas reiteradas y otras defraudaciones contra particulares, originadas en hechos que se venían investigando desde 2020.
El pasado 9 de julio, el Ministerio Público reformalizó a Edison Cid Chavarría tras ampliar la investigación, debido a la aparición de nuevas víctimas involucradas en los hechos.
En dicha audiencia, a Cid Chavarría se le imputaron 78 delitos consumados y reiterados de estafa, lo que elevó el perjuicio económico a más de $728 millones.
Según la investigación del caso, el esquema de estafa operaba bajo la fachada de remates directos, particularmente terrenos o vehículos a precios considerablemente bajos.
Las víctimas, atraídas por la posibilidad de obtener autos o sitios a menor costo, entregaban importantes sumas de dinero tras verificar la supuesta legalidad de los trámites. En varios casos, los bienes eran mostrados físicamente antes de concretar el pago.
Según consta en las indagaciones y relatos recopilados por Diario La Tribuna, Cid incluso permitía que los interesados se subieran a los vehículos que ofrecía, asegurando que solo faltaban detalles administrativos para realizar la entrega oficial, como firmas o el pago de impuestos menores. Esa entrega, sin embargo, nunca llegaba.
RESPUESTA DE LA FISCALÍA
Consultados por este caso, desde el Ministerio Público respondieron que "el imputado Edison Cid Chavarría fue condenado por delitos reiterados de estafa a una pena de cinco años y un día".
Asimismo, agregaron que la sentencia se obtuvo en un procedimiento abreviado, "mecanismo que está legitimado y regulado en el Código Procesal Penal, en el que el acusado acepta los antecedentes reunidos durante la investigación".
Desde la entidad aseguraron que "se cumplieron todos los requisitos legales para arribar a dicha instancia judicial y se tuvo especialmente en vista que la pena probable que se le impusiese en un eventual juicio oral sería la misma que se dictó en el procedimiento abreviado; es decir, cinco años y un día de presidio efectivo, en virtud del reconocimiento de circunstancias atenuantes que el tribunal debe realizar".