Durante la jornada de este lunes fue puesta a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, una mujer que registraba una orden de detención vigente por el delito de maltrato a obra de Carabineros.
Se trata de N.F.Ñ., quien fue detenida por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales y Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Angol.
Los hechos por los cuales era requerida se remontan al 29 de enero de 2019, cuando -a eso de 09:10 horas- la mujer junto a otras personas ingresaron rompiendo los cercos del Fundo Ranquilco, emplazado en la Ruta Q-825 de la comuna de Mulchén, contra la voluntad tanto del propietario como del arrendatario del referido predio, construyendo estructuras y levantando un fogón para calentar agua.
En aquella oportunidad, Carabineros llegó al lugar solicitando la salida voluntaria del mismo; según la acusación del Ministerio Público, la requerida y las personas que la acompañaban reaccionaron de forma violenta atacando al personal policial.
La mujer, valiéndose de una tetera con agua caliente, habría atacado a un funcionario de carabineros en ejercicio de sus funciones, ocasionándole lesiones consistentes en quemadura del hombro y miembro superior de primer grado, para después atacar de la misma manera a otro funcionario de Carabineros, ocasionándole lesiones consistentes en quemadura del tronco de primer grado, todas clínicamente de carácter leve.
De acuerdo a información recabada por La Tribuna, la mujer fue formalizada el 30 de enero de 2019 y se encontraba en rebeldía por el delito es maltrato de obra de carabineros.
En su momento, el Ministerio Público quiso hacer un procedimiento simplificado; sin embargo, hubo una serie de suspensiones por COVID y no presentación por parte de la imputada, lo que llevó a que la causa continue vigente hasta ahora.
La audiencia que vio su caso se desarrolló a las 13:30 horas de este lunes en el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén, instancia en la que la Fiscalía y la Defensa de la mujer lograron un acuerdo.
El fiscal Carlos Díaz ofreció una suspensión condicional del procedimiento a la imputada, de viendo cumplir con dos condiciones: la prohibición de acercarse a las víctimas -en este caso, a los carabineros que agredió- y fijar un domicilio y si éste llegara a cambiar, informarle a la Fiscalía. Todo ello, por un lapso de un año.
En caso de que estos requisitos no se cumplan, se retomaría el proceso normal, llegando -muy probablemente- a un juicio.
Durante la audiencia, el juez Mauro Arriagada consultó a la imputada si estaba de acuerdo con cumplir las condiciones acordadas por la Fiscalía y Defensoría, a lo cual respondió que sí.
De esta forma, la mujer tuvo esta salida al proceso, el cual no llegaría a juicio a menos que incumpla las condiciones a las que se comprometió.
