De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la liberación de Ferrer fue ejecutada tras la recepción de una supuesta orden judicial emanada del 8.º Juzgado de Garantía de Santiago, la cual anulaba la medida cautelar previamente dictada.
Esta situación levantó sospechas sobre la posible falsificación del documento o sobre una eventual manipulación del sistema informático del Poder Judicial.
El Ministerio Público reaccionó de inmediato solicitando una nueva orden de detención y dando inicio a una investigación penal para determinar la legalidad del documento y el procedimiento que permitió la liberación del imputado, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
Además, enfatizó que el Ministerio Público ya está indagando la legitimidad del documento, su emisión y la forma en que fue recibido por Gendarmería.
Desde Gendarmería de Chile, en tanto, se indicó que la orden fue "recepcionada por los canales regulares del sistema", lo que añade complejidad al caso y pone en duda que se trate de una instrucción fraudulenta.
Hasta la mañana de este martes, el Poder Judicial no ha emitido una declaración oficial que aclare el origen de la orden ni las circunstancias que llevaron a su ejecución, pese a que el hecho ha provocado una ola de críticas tanto desde el Ejecutivo como desde el ámbito judicial y legislativo.
