En los primeros 6 meses del actual Gobierno, han dejado sus funciones un total de 47 autoridades designadas, de las cuales 37 corresponden a Seremis. Al parecer, esto no ha causado ninguna alarma en el oficialismo ni la oposición, como si de algo normal se tratara.
Las causales son muy variadas, desde la renuncia voluntaria hasta la destitución por no poseer la acreditación académica mínima para ejercer el cargo, pasando por abandono de deberes y conflicto de intereses.
Considero esta situación de la mayor gravedad, pues refleja una falta de acuciosidad y criterio en los nombres escogidos para la función pública en altos cargos, siendo tan responsables los renunciados como los que los propusieron. La función pública conlleva una enorme responsabilidad y es el representante de la gestión del Gobierno en cada momento.
A tal punto se observa una especie de improvisación y, al parecer, falta de nombres para ocupar los cargos, que muchas autoridades de la administración anterior aún permanecen en ellos a pesar de que su nombramiento fue esencialmente político.
La lealtad se refleja en decir la verdad, aunque esta duela, por ello, llama profundamente la atención que los parlamentarios de Gobierno no alcen la voz frente a esta situación que muestra un verdadero desgobierno. Ninguno tiene la valentía de decir que el rey está desnudo (Andersen).
La estructura de un Gobierno está compuesta por todas y cada una de las autoridades que son nombradas, debiendo trabajar armónicamente en sintonía con las directrices que emanan del nivel central. Al parecer, un Gobierno de las características actuales, debe lidiar con egos e intereses propios que superan la responsabilidad de lo encomendado.
Dr. Luis Correa Devia