La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas se funda en octubre de 1964, de la mano del Presidente Frei Montalva, cuando en Chile había 4 mil 889 escuelas públicas, llegando al término de su gobierno, el año 1970, a las 6 mil 170, concentrando casi el 78% de la matrícula. En la actualidad existen 5 mil 500 escuelas públicas que albergan, más o menos, el 45% de la matrícula total de los estudiantes.
La Junaeb nace con el objetivo de combatir la desnutrición de los estudiantes junto a otros beneficios laterales, para luego enfocarse, definitivamente, en aportar y garantizar la alimentación a los estudiantes más vulnerables del país, a través de su poderoso programa PAES, que considera el desayuno, colación intermedia y almuerzo. Este notable beneficio social funciona bajo un modelo muy normativo, comenzando por la selección de los beneficiarios y la calidad y servicio de las meriendas.
Desde la década de los sesenta, en el siglo pasado, las escuelas fueron generando un espacio para atender a sus estudiantes, hasta llegar, en la actualidad, a disponer de cocinas y comedores que deben reunir una serie de requisitos físicos y sanitarios de muy buen estándar.
Los servicios entregados por Junaeb son, lejos, el principal soporte social de nuestras escuelas públicas, poniéndonos a la vanguardia a nivel continental y mundial, con un presupuesto anual de US$1.300 millones, destinados principalmente al programa de alimentación.
Para medir la eficiencia de este programa, recientemente, hemos sido informados de que se realizará una investigación para determinar cuánto consumen los estudiantes de lo efectivamente servido en su bandeja, midiendo el consumo del postre y del plato principal, con el objetivo de determinar si parte de esa alimentación va a parar al recipiente de los desechos. De comprobarse esto último, se abre un flanco para intervenir el programa de alimentación escolar, recortando su presupuesto o haciéndolo desaparecer, tal cual se deslizó en algún momento. Los resultados de esta investigación no deberían impactar el programa considerando esas restricciones, por el contrario, es posible que se requiera revisar el catastro de los beneficiarios y contar con la posibilidad de reemplazarlos sin ninguna burocracia, en todos aquellos casos que se compruebe que esa alimentación que tanto cuesta financiar va a parar al recipiente de los desechos.
Mario Morales Burgos
Profesor