En Los Ángeles hemos vuelto a enfrentar una realidad que duele y que no podemos normalizar. En los últimos meses, distintos accidentes de tránsito han dejado personas fallecidas y otras gravemente heridas y en sus principales vías. Solo en agosto, un accidente ocurrido en la Ruta 5 Sur, a la altura de Los Ángeles, terminó con la vida de un cabo del Ejército y dejó personas lesionadas. Y esta semana, nuevamente, un accidente ocurrido durante la madrugada en avenida Los Ángeles terminó con un conductor fallecido y un acompañante gravemente herido. En este último caso, Carabineros investiga, entre otros antecedentes, la velocidad a la que se desplazaba el vehículo. Son hechos concretos, recientes y dolorosos. Detrás de cada número hay una familia, proyectos que quedaron truncados y una comunidad que vuelve a preguntarse qué podemos hacer para evitar que esto siga ocurriendo.
Como legisladora, creo que debemos comenzar por una cuestión esencial: ¿qué es lo que queremos proteger cuando hacemos una ley de tránsito? La respuesta no puede ser simplemente el orden en las calles ni el cumplimiento de una determinada velocidad. El bien jurídico que está detrás de estas normas es mucho más profundo: la vida y la integridad física de las personas. Cada señal, cada límite de velocidad, cada exigencia para obtener una licencia, cada control y cada sanción tienen sentido porque buscan evitar que una conducta riesgosa termine provocando una tragedia. Por eso, cuando hablamos de seguridad vial, no estamos hablando solamente de infracciones de tránsito. Estamos hablando de cómo una sociedad protege la vida de quienes utilizan diariamente sus calles y carreteras.
Chile cuenta con una legislación que establece obligaciones claras. La Ley de Tránsito exige conducir atento a las condiciones del tránsito, mantener el control del vehículo y adoptar las medidas necesarias para conducir de manera segura. También existen normas respecto del consumo de alcohol y drogas, la velocidad, el uso de elementos de seguridad y las condiciones que debe cumplir quien conduce. Como legisladora, sé que las leyes deben perfeccionarse cuando la realidad demuestra que son insuficientes y que la fiscalización debe fortalecerse. Pero también debemos reconocer un límite: ninguna ley puede reemplazar la conciencia de quien está detrás del volante. Podemos aumentar las sanciones, multiplicar los controles y establecer nuevas obligaciones, pero si una persona entiende la norma solamente como una barrera para evitar una multa y no como una regla destinada a proteger la vida, siempre estaremos llegando después del riesgo.
Por eso, necesitamos poner la prevención en el centro. Prevenir significa mucho más que fiscalizar. Significa identificar los lugares donde se concentran los accidentes, intervenir oportunamente las vías, mejorar la señalización, fortalecer la educación vial y generar información que permita anticiparnos a los factores de riesgo. Pero también significa concientizar. Necesitamos que quien conduce entienda que acelerar no es solamente superar un límite: puede significar reducir drásticamente las posibilidades de que otra persona sobreviva a un impacto. Que conducir después de consumir alcohol no es solamente cometer una infracción: es poner deliberadamente en riesgo la vida propia y la de otros. Que distraerse con el teléfono, adelantar de manera indebida o no respetar una señal no son pequeñas faltas cotidianas, sino decisiones que pueden tener consecuencias irreparables. La prevención comienza cuando comprendemos el sentido de la norma y asumimos que nuestras decisiones tienen consecuencias sobre otros.
Septiembre nos ofrece una oportunidad para reforzar este mensaje. Es un mes de encuentro, de celebraciones, de viajes y de mayor desplazamiento por nuestras carreteras. Por eso, como diputada y como representante de nuestra región, quiero hacer un llamado que va más allá de la fiscalización y de las sanciones: cuidemos la vida. Desde el Congreso debemos seguir trabajando para que las normas sean eficaces, para que la fiscalización llegue donde más se necesita y para que las políticas públicas se orienten a prevenir antes que lamentar. Pero también necesitamos hacer nuestra parte como ciudadanos. Cumplir la ley no puede ser solamente una obligación jurídica; debe ser también un acto de responsabilidad con el otro. Porque cuando hablamos de tránsito, el objetivo final de una norma no es que lleguemos más rápido, ni siquiera que cometamos menos infracciones. El objetivo es que todos podamos volver a casa sanos y a salvo.
Flor Weisse
Diputada de la República