Como se sabe, los riesgos son la consecuencia no deseada de las decisiones —principalmente tecnológicas— que adoptamos para enfrentar los peligros provenientes de la fuerza incontenible de la naturaleza. Frente a esos riesgos generados —y, por tanto, antropogénicos—, los poderes públicos deben desarrollar distintas estrategias para prevenirlos y reducirlos al máximo. Así, el Congreso establece el marco legal mediante las leyes; la Administración diseña y ejecuta políticas para gestionarlos; y el Poder Judicial determina quién y cómo debe responder cuando esas medidas han sido insuficientes o simplemente no han existido.
En estos días hemos visto —y, en algunos casos, sufrido— las lluvias más intensas de los últimos años y sus consecuencias: pérdida de vidas, cortes de agua potable y energía, remoción de material rocoso en quebradas, rutas destruidas y múltiples reclamos por la respuesta de las autoridades. Son escenarios que, según la comunidad científica y técnica, seguirán repitiéndose. El cambio climático dejó hace tiempo de ser una teoría o una discusión ideológica para convertirse en una realidad cuyos efectos ya experimentamos.
Ante este panorama, y considerando que las proyecciones científicas se han ido cumpliendo, cabe preguntarse: ¿es posible hacer algo?
La respuesta probablemente no pasa por una solución única, sino por avanzar mediante medidas concretas de mitigación y adaptación a nivel local. Para ello existen diversos instrumentos "filoclimáticos": incentivos municipales para fortalecer la acción administrativa; planes normativos vinculantes para ordenar ciudades, provincias y regiones (PRC, PROT, EAE, entre otros); infraestructura resiliente para transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento; autorizaciones y evaluaciones ambientales para proyectos específicos; mecanismos de fomento, como la contratación pública e impuestos verdes; además de herramientas educativas y de comunicación que permitan fortalecer la cultura de prevención.
Naturalmente, todo ello requiere financiamiento. En esta tarea, la acción coordinada del sector público y privado resulta indispensable para resguardar servicios esenciales que forman parte del núcleo de los derechos sociales y justifican la existencia misma del Estado como garante del bienestar colectivo.
No cumplir las tareas señaladas al inicio —identificar, gestionar y controlar los riesgos— implica desatender una de las responsabilidades más básicas de los poderes públicos. Sus consecuencias ya las hemos visto durante estos días y, lamentablemente, seguirán traduciéndose en graves costos humanos y materiales si no se aborda el cambio climático con una mirada integral, seria y de largo plazo. Porque frente a un fenómeno que llegó para quedarse, la verdadera diferencia no la marcará nuestra capacidad de reaccionar, sino de anticiparnos.
Dr. Christian Rojas
Académico de Derecho Administrativo, UNAB