Hay indicaciones parlamentarias que, pese a perseguir un propósito atendible, terminan perjudicando precisamente a quienes pretenden proteger. La prohibición absoluta del anatocismo —la capitalización de intereses—, incorporada al denominado proyecto de "Reconstrucción Nacional", probablemente sea una de las más riesgosas de los últimos años. Por eso es que el propio Ejecutivo, consciente de que podría producir consecuencias comparables a las provocadas por los retiros de fondos de pensiones, prepara un veto supresivo para impedir que se convierta en ley.
El interés no es una extravagancia de la banca moderna. Desde la antigua Mesopotamia existen registros y normas sobre préstamos sujetos al pago de intereses. Se trata de una institución que reconoce algo elemental: disponer de recursos ajenos durante un período tiene un costo. Prohibir su capitalización no hace desaparecer ese costo; simplemente puede trasladarlo a tasas más altas, condiciones más exigentes o menores posibilidades de acceder al crédito, afectando al mismo tiempo a quienes recurren al sistema financiero como ahorrantes.
Por cierto, no es solo la banca la que ha advertido los problemas de la indicación, sino también nuestras propias autoridades económicas. El Banco Central sostuvo que la prohibición no necesariamente cumpliría su objetivo pues, en los créditos rotativos, las instituciones podrían compensarla mediante tasas de interés simple más altas. La CMF, por su parte, advirtió que esta prohibición derivaría en mayores costos de los créditos y en condiciones de otorgamiento más exigentes, con el consiguiente riesgo de exclusión financiera. Ambas instituciones destacaron, además, que una prohibición de esta amplitud carece de precedentes en países comparables.
Es posible que, considerada aisladamente, la prohibición reduzca la acumulación de la deuda de alguien que ya se encuentra en mora. Pero no es claro que proteja a los deudores en su conjunto. Frente a quien atraviesa dificultades transitorias de pago, la capitalización permite incorporar los intereses vencidos a una repactación y distribuir la obligación en un plazo mayor. Sin esa flexibilidad, podrían aumentar los incentivos para exigir el pago inmediato o ejecutar las garantías. Una curiosa manera de ayudar a las familias y a las pequeñas empresas.
En suma, esta indicación ofrece una protección aparente, pero puede producir un daño real: crédito más caro, menos acceso al financiamiento y menores posibilidades de repactación. El Ejecutivo, por tanto, actuará acertadamente si presenta el veto y consigue su aprobación. Es de esperar, en consecuencia, que el Congreso decida en base a la evidencia y rectifique su actuar.
John Henríquez
Subdirector de Desarrollo de Faro UDD