¿Dónde están los niños?

¿Dónde están los niños? Esa es la pregunta que hoy el Estado no puede eludir. No se trata solo de un debate administrativo ni de una discusión migratoria. Se trata de algo mucho más profundo: la capacidad real que tenemos como país de garantizar que ningún niño, niña o adolescente sea invisible para las instituciones que deben protegerlo.

Cada cierto tiempo, Chile vuelve a enfrentarse a situaciones que nos obligan a mirar con honestidad nuestro sistema de protección de la infancia. Eso ocurrió cuando, tras años de evidencia sobre las graves falencias del antiguo Sename, el país impulsó una reforma estructural que dio origen al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. No fue un cambio nominal, sino un giro de paradigma: pasar de un sistema reactivo a uno que reconoce a los niños como sujetos de derecho y que busca actuar de manera oportuna, coordinada y centrada en su protección.

Ese cambio tuvo un objetivo muy concreto: que ningún niño quedara fuera de la mirada del Estado. Para eso se fortalecieron normas, se establecieron estándares de protección y se mandató la coordinación entre instituciones, porque la experiencia demostró que la fragmentación institucional deja a los niños en una situación de vulnerabilidad inaceptable.

Desde esa perspectiva, cuando hoy surgen antecedentes sobre niños que habrían ingresado al país bajo la figura de reunificación familiar y respecto de los cuales no existiría claridad sobre su ubicación o situación actual, lo que se enciende no es solo una alerta administrativa, sino una preocupación de fondo sobre el funcionamiento del sistema de protección. La reunificación familiar es un derecho que debe ser resguardado, pero siempre bajo estándares rigurosos que aseguren la identificación, el acompañamiento y el seguimiento efectivo de cada niño.

Mientras las investigaciones en curso deberán determinar eventuales responsabilidades y esclarecer lo ocurrido, hay una pregunta previa que no admite espera: ¿el Estado sabe hoy dónde están todos los niños que ingresaron al país bajo ese procedimiento? Porque antes de cualquier discusión institucional o política, existe una obligación básica que no puede fallar: saber dónde está cada niño y en qué condiciones se encuentra.

La protección de la infancia no puede ser parcial ni intermitente. No puede depender de la buena voluntad ni de la fragmentación institucional. Cuando un niño desaparece de la mirada del Estado, no estamos frente a una falla menor del sistema, sino ante una vulneración grave de su deber más esencial.

Por eso, más allá de este caso específico, la pregunta que queda abierta es una sola, y es la que debe interpelarnos como sociedad: si después de la reforma institucional y de los aprendizajes del pasado aún existen niños de los que no tenemos certeza, entonces el desafío no es solo mejorar procedimientos, sino fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su promesa más básica: proteger a todos los niños, sin excepción.