Los déficits de la educación pública son bastante conocidos en el mundo político y ciudadano, sin embargo, poco se ha hecho para generar un acuerdo que se traduzca en una gran apuesta, creando un Plan Nacional, que coloque a la educación como la máxima prioridad nacional, tal como lo han hecho países muy inteligentes como Finlandia.
Los tres principales déficits que afectan y amenazan nuestra disminuida educación pública son: financieros, de infraestructura y de capital humano.
Estos déficits empezaron a generarse hace más de tres décadas, justo en el momento en que se saca educación del tutelaje administrativo del ministerio, se traslada a los municipios y se cambia su sistema de financiamiento, pagando a estos una subvención, por alumno, efectivamente, sentado en el aula, prescindiendo de la matrícula general del establecimiento. Este modelo, único en el mundo, fue validado con el retorno de la democracia y aún vive sus mejores momentos, sobreviviendo todas las reformas que se han implementado y arrastrando con ello los problemas que conocemos.
El déficit financiero y presupuestario global, según fuentes ministeriales alcanza más de 700 millones de dólares. A lo anterior debemos agregar las dificultades del presupuesto que sostiene la Nueva Educación Pública, acusando un déficit de 125 millones de dólares, heredados por deudas previsionales y sobre dotación de personal.
En lo relacionado a infraestructura no hay una cantidad definida ya que no se ha valorado con precisión el tema de mantención, reparación y a requerimientos normativos (calefacción, instalaciones eléctricas y aulas), no obstante, hablamos de cantidades prácticamente insostenibles. Las plantas docentes, también se ven muy acotadas, ya que las nuevas generaciones de docentes abandonan rápidamente el sistema por que se ven sobrepasados por las condiciones imperantes en el sistema educativo, dejando un vacío que representa una merma de más menos 32 mil profesores.
La magnitud de la falta de recursos para disponer de un sistema educativo viable y que responda a los requerimientos de la modernidad exige un fuerte compromiso del Estado, que bien podría ser a través de los SLEP , realizando un saneamiento financiero y un vigoroso programa de normalización de la infraestructura educacional, que permita acoger la matrícula de nuestras escuelas públicas, que cada vez se van quedando más desoladas y obligadas a concentrar escuelas y cursos y también a revisar sus plantas docentes .
El actual modelo de financiamiento de nuestro sistema educativo, ya está haciendo imposible que los municipios sigan administrándolo, ya que deben suplementarlo con recursos propios que su limitado presupuesto no se lo permite. La comuna de Los Ángeles, que administra un Daem de gran magnitud, por ejemplo, ya ha empezado a sentir el impacto que significa suplementar el presupuesto de educación con una cifra de gran magnitud y también a enfrentar el mejoramiento a y ampliación de su infraestructura educacional, haciendo crisis, con la reciente demanda de no disponer de espacios para matrícula de 9 primeros medios del Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos.
A 25 años de la imposición del sistema subvencionado, podemos constatar el estancamiento de nuestra educación pública, situándose por debajo de la particular subvencionada que también recibe los mismos recursos del Estado, con la diferencia que durante muchísimos años los administraba discrecionalmente, hasta suscribir, recientemente, el principio del "fin del lucro".
Lo complejo que representa la mejora y ampliación de la educación pública, bajo este modelo de financiamiento, se transforma en una verdadera amenaza, poniendo en riesgo su precaria existencia y su incierto futuro, especialmente si consideramos la enorme indiferencia política y la falta de interés para levantar un Plan Nacional que asegure su desarrollo y calidad .
Mario Morales Burgos
Profesor