La escuela bajo todos sus niveles, siempre fue concebida como el espacio más seguro y de protección para los niños y jóvenes. La escuela se define como "La institución social pública o privada, dedicada a la enseñanza y trasmisión del conocimiento, valores y normas a estudiantes." También como una "institución social responsable del proceso de socialización secundaria del hombre".
Como podemos observar en estas definiciones convergen dos factores esenciales: espacio de enseñanza y de socialización, procesos consustanciales a la misión formadora y de enseñanza de la escuela, que lamentablemente, hoy se ven notablemente alterados debido a la gran disfunción social que nos afecta como país, conspirando en contra de la misión y de la tarea esencial que debe cumplir la escuela en nuestra sociedad. Los temas de violencia e inseguridad que se viven en la familia y en la calle se reproducen con mucha fuerza al interior de la escuela, alterando la sana convivencia y la seguridad de todos los integrantes de las comunidades educativas, convocando en forma recurrente la presencia de las policías para hacerse cargo de temas como agresiones, tráfico de drogas y amenazas internas y externas a miembros de las comunidades educativas, generando una atmósfera de miedo e inseguridad, y dando lugar a denuncias permanentes al Ministerio Público, para cumplir con el mandato legal de proteger y amparar, siempre, a nuestros estudiantes , frente a cualquier acto que vulnere sus derechos.
La seguridad y la paz social representa el patrimonio más importante de un país razón que obliga a ser garantizado por el Estado a través de políticas públicas y acuerdos desafiantes que permitan hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y al crimen organizado que, para nuestras desdichas, cada día gana más espacio, invadiendo lo más valioso de una sociedad, como es la escuela y los barrios, donde viven la mayoría de los chilenos.
La seguridad al interior de la escuela es algo que no se puede transar, ni tampoco admitir ningún tipo de amenazas. Las comunidades educativas deben ampararse en sus Reglamentos de Convivencia y en el actual marco jurídico, activar sus protocolos y pedir el acompañamiento de las policías frente aquellas situaciones que desborden su actuar y sus competencias.
Es justo destacar, en esta preocupante coyuntura, el respaldo de nuestro alcalde y de Carabineros de Chile, quienes siempre están disponibles para concurrir al llamado de las escuelas y liceos, para acompañar y desplegar los protocolos que sean procedentes frente a cada situación.
Mario Morales Burgos
Profesor