La agricultura de la provincia de Biobío no es solo una actividad económica es una línea de defensa estratégica para Chile. Y hoy, esa línea está siendo debilitada por decisiones políticas que parecen no comprender —o peor aún, ignorar— la realidad productiva de las regiones.
Venimos de una temporada 2024-2025 que mostró lo mejor de nuestra capacidad agrícola. El crecimiento explosivo del avellano europeo, el desarrollo frutícola y la consolidación del trigo como sello productivo —con casi la mitad de la producción nacional concentrada en la provincia— no son casualidad. Son el resultado de inversión, esfuerzo y adaptación en un territorio que ha sabido levantarse frente a incendios, sequías y crisis económicas.
Pero ese impulso hoy choca de frente con una decisión centralista, el alza histórica de los combustibles. Subir el diésel en $580 por litro, puede ser una cifra menor o abstracta en Santiago; pero en la provincia del Biobío es encarecer cada hectárea sembrada, cada cosecha levantada y cada tonelada transportada. En la práctica, es castigar la producción de alimentos.
Aquí no hay margen de absorción. La agricultura depende casi completamente del diésel. Cuando el costo de las faenas sube entre un 15% y 25%, lo que se reduce no son utilidades exuberantes, sino la viabilidad misma de producir. Y cuando el transporte terrestre mueve cerca del 90% de lo que se genera en la provincia, el alza no se queda en el campo: llega directo a las casas de las familias chilenas.
Ya se proyecta desaceleración del sector, aumento de precios y presión inflacionaria. Es decir, una cadena de efectos que termina pagando el consumidor, pero que comienza golpeando al productor.
Debemos tener en cuenta que como personas podemos requerir a un abogado o a un médico unas cuantas veces en la vida, pero a un agricultor lo requerimos todos los días para poner pan y verduras en nuestra mesa.
Lo más preocupante no es solo la medida, sino la ausencia de una respuesta proporcional. Mientras se anuncian bonos acotados para el transporte de pasajeros o ajustes en otros combustibles, la agricultura queda en una zona gris. Peor aún, decisiones como restringir beneficios tributarios al diésel para sectores no transportistas, terminan agravando el problema en lugar de aliviarlo.
Esto es una señal política equivocada: se le exige al agro sostener la seguridad alimentaria del país, pero se le retiran las herramientas para hacerlo.
Chile no puede darse ese lujo. Se necesita con urgencia un giro. Un plan agro-energético que entienda que producir alimentos no puede estar sujeto a la volatilidad sin amortiguadores. Restituir beneficios tributarios al diésel agrícola, generar líneas de financiamiento real para la siembra de invierno y fortalecer el apoyo a la agricultura familiar no son concesiones: son decisiones mínimas para evitar un retroceso mayor.
Porque cuando el campo se frena, no solo pierde el agricultor, pierde la región, pierde la economía y pierde Chile.
La alimentación no es un juego de niños que quieren ganar una postura ideológica, es una responsabilidad política que no admite excusas. Debemos cuidar a nuestros agricultores.
Gastón Saavedra
Senador de la República