Desde hace bastante tiempo se viene hablando en torno al desproporcionado tamaño administrativo del Estado y también a su ineficacia para atender y resolver las demandas de atención y de gestión. También se ha criticado que desde el mundo político ha habido una especie de aprovechamiento, ya que, con el afán de pagar favores o simplemente para ejercer el control, se ha incorporado muchísima gente a los diferentes servicios a cumplir "funciones especiales", que en definitiva han venido a burocratizar y a elevar el presupuesto del país para otorgarle espacio laboral a los que en política se autodenominan los "indispensables", esos que rara vez son los más calificados para ejercer las tareas.
El Estado chileno se caracteriza por su lentitud y su extrema burocracia trabando importantes procesos que requieren rapidez en su tramitación, sumado a modelos administrativos altamente politizados e ideologizados dando lugar a una extrema lentitud y a una exagerada permisología que termina alejando a inversores y ciudadanos de muchas iniciativas que terminan indefinidamente en los escritorios de servicios y ministerios.
Con motivo del cambio de gobierno ha surgido una polémica bastante relacionada con este tema, al iniciarse un proceso de renovación y actualización de contratos de muchos funcionarios públicos ingresados en estos últimos cuatro años. La mayoría de ellos cumple funciones especiales en las diferentes nomenclaturas de los "asesores". Es necesario señalar que estos movimientos siempre se han realizado, cada vez que se produce una rotación en el poder, por lo que no es una cuestión propia de este gobierno. Sin embargo, lo cierto es que de este modo es como se va produciendo la saturación del Estado y aumentando su ineficacia, ya que muchos de los funcionarios que hemos mencionado no responden a necesidades reales y menos a estándares técnicos y profesionales calificados.
Sumado a estos conceptos de tamaño, eficacia y eficiencia, el tema de fondo tiene que ver con la modernización, la que viene de la mano con la automatización de los procesos administrativos y con la creación o supresión de aquellos servicios que no ayuden a la agilización de los procesos o a la simple atención ciudadana en sus trámites de rutina. La modernización o agilización del Estado, siendo un requerimiento muy necesario, debe obedecer a una rigurosa evaluación, para no incurrir en algunos errores que pudieran significar retirar el Estado de algunos espacios fundamentales, donde la solución puede ser de otra naturaleza, tales como la tecnificación y profesionalización. Desburocratizar el Estado para tornarlo más presente y eficiente es sin duda un desafío, que requiere de mucho conocimiento y voluntad política.
Mario Morales Burgos
Profesor