De acuerdo al "Estudio situacional de las Ferias Libres en Chile" de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en Santiago durante 2023, estas organizaciones comerciales existen en Chile antes que el mismo país.
Son parte de un proceso histórico que ha pasado desde la venta de los campesinos, artesanos y otros que vendían directamente sus productos en lugares amplios de las nacientes ciudades conocidos como "cañadas", hasta el presente, donde la venta final obedece a una cadena productiva que involucra al agricultor, pasando por un intermediario (La Vega Central de Santiago es la más conocida del país), hasta llegar al feriante y al consumidor.
Solo el hecho de tener más de 200 años de vida, basta para hablar de forma seria de su existencia y, por lo mismo, desde las ordenanzas municipales que regulan su vida, se ha vuelto indispensable legislar en torno a ellas, sobre todo pensando en su importancia como fuente de trabajo, en la calidad de los productos que venden y, porque sur rol, es fundamental en la subsistencia de las economías más precarias de Chile.
Pero antes de seguir con la importancia de la "Ley de Ferias" que se discute en el parlamento, es bueno conocer cifras que dan cuenta de la necesidad de esta norma. Por ejemplo, existen más de 2 mil centros comerciales de este tipo en todo el país, los que generan 300 mil puestos de trabajo. Ellas, además, son el lugar donde compran las personas que viven la precariedad, para ser claros, quienes viven con la Pensión Garantizada Universal (2.300.000 personas) y quienes lo hacen con el ingreso mínimo (otras 900 mil personas). Esta es la realidad que vive más de un cuarto de la población en Chile, por lo que se ha vuelto indispensable garantizar, a través de este proyecto de ley, la Seguridad Alimentaria que la FAO ha expuesto claramente en las discusiones parlamentarias.
Para comprender el concepto, debemos entender que el organismo multilateral entiende por Seguridad Alimentaria "las condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos. Estas prácticas previenen la contaminación y las enfermedades de origen alimentario", mientras que su objetivo social, es que las personas tengan el "acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias, permitiéndoles llevar una vida activa y saludable".
Con los argumentos sociales, económicos e históricos que he expuesto, es evidente que se ha vuelto indispensable reconocer jurídicamente a las Ferias Libres de nuestro país, no solo para garantizar la Seguridad Alimentaria que exige la FAO, sino también para proteger a los 300 mil trabajadores que dependen de ella, también, para poder facilitar sus crecimientos a través de capacitaciones y para que tengan una mayor capacidad de organización que les permita mejor representación.
En el presente, el Senado de La República, está en el proceso de discusión del Proyecto de Ley y es, la Comisión de Economía de la Cámara Alta (de la que soy miembro), la encargada de aunar criterios para entrar a sala y someterlo a votación, para lo que será una norma que va dirigida tanto a las ferias libres urbanas como a las ferias libres rurales.
Gastón Saavedra Chandía
Senador de la República