La actual reforma laboral en Chile ha sido presentada como un avance en materia de derechos para los trabajadores, pero desde una perspectiva jurídica, es necesario analizar sus posibles desventajas y efectos colaterales. Si bien el objetivo primigenio de la reforma busca mejorar las condiciones laborales y fortalecer la negociación colectiva, su implementación podría generar incertidumbre y afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Uno de los aspectos más debatidos es la reducción de la jornada laboral. Aunque en principio podría beneficiar a los trabajadores al otorgarles más tiempo de descanso y conciliación familiar, existe el riesgo de que las empresas, en un intento por mantener sus niveles de producción, recurran a modalidades más precarias de empleo, como el trabajo por turnos o la tercerización. Lo que puede traducirse en un posible impacto en los costos laborales puede traducirse en un alza de precios o, peor aún, en una reducción de la contratación formal.
Otro punto crítico es la mayor rigidez en la normativa de despidos y negociación colectiva. Al dificultar la desvinculación de trabajadores en ciertas circunstancias, se desincentiva la creación de nuevos empleos y se genera un entorno de menor flexibilidad para las empresas. En mercados laborales dinámicos, la capacidad de adaptarse a cambios económicos y tecnológicos es clave, y una regulación excesivamente estricta podría perjudicar tanto a los empleadores como a los mismos trabajadores en el largo plazo.
Desde el punto de vista jurídico, también preocupa la incertidumbre que generan ciertas disposiciones de la reforma. La falta de claridad en algunas normativas abre la puerta a interpretaciones dispares, lo que podría aumentar la litigiosidad laboral y sobrecargar los tribunales. Esto, lejos de favorecer un ambiente de estabilidad, puede generar costos adicionales tanto para trabajadores como para empleadores.
Si bien es fundamental mejorar las condiciones laborales en el país, toda reforma debe equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas. Una legislación que no contemple los efectos económicos y estructurales del mercado laboral corre el riesgo de generar más problemas de los que pretende resolver. Es clave que cualquier cambio en esta materia sea el resultado de un diálogo amplio y que considere las particularidades de cada sector productivo, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Jorge Segura, abogado estudio jurídico Díaz y Arismendi