El actual debate sobre si es o no necesario subir la carga tributaria para alcanzar el desarrollo económico y social, se requiere una reflexión acerca de cuáles han sido los modelos exitosos para lograr crecimiento económico con desarrollo humano y paz social.
Toda la evidencia que muestran los países que han logrado encontrar la ecuación que equilibra ambos factores, revela la existencia de un Estado comprometido con tres principios: un Estado que fiscaliza a los privados, cautela la eficiencia del gasto público y gestiona un sistema de bienestar social para los sectores vulnerables.
Chile ha avanzado progresivamente en todos estos ámbitos: un crecimiento sostenido por sobre el promedio de América Latina; instituciones reputadas a nivel mundial, una reducción significativa de la pobreza y una creciente infraestructura para el desarrollo. Sin embargo y lamentablemente, en los últimos años hemos retrocedido en todas estas variables y el país enfrenta hoy el desafío urgente de retomar la senda del crecimiento, junto a la recuperación de la inversión con la urgencia que tienen las necesidades de nuestra población.
¿Cuál es la fórmula para ello? Si tomamos como referencia a un sector de la economía real -el sector inmobiliario, por ejemplo- veremos que este tiene una gran capacidad para generar empleo, incentivar el progreso económico y la modernización de las ciudades. Ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de muchas sociedades y, por supuesto, de nuestro país. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos sido testigos de una preocupante tendencia: la demora y paralización de proyectos debido a los largos e impredecibles plazos en el otorgamiento de permisos asociados principalmente a su construcción.
Si a ello, se suman iniciativas como subir aún más las contribuciones de bienes raíces o impedir la recuperación del IVA de los futuros arriendos de desarrollos inmobiliarios, entre otros aspectos esbozados en el proyecto de reforma tributaria, en vez de apoyar la recuperación del sector, se encarece y desalienta a uno de los motores económicos más importantes para la construcción de viviendas, oficinas, centros comerciales y diversos proyectos de infraestructura que generan una amplia gama de servicios y empleos directos e indirectos. Si a lo anterior, se le suben además los impuestos, el incentivo a la inversión es aún más difícil. Este ejemplo puede extenderse y servir para explicar la inquietud que enfrentan la mayor parte de los sectores de la producción y los servicios.
La promoción activa por parte del Estado de un efectivo modelo de colaboración público-privada, en que, por una parte, los empresarios asumen el riesgo natural de todo inversionista y la gestión eficiente de sus proyectos y, por otra, el Estado es oportuno en el otorgamiento de los permisos, la fiscalización y sobre todo la promoción de certeza normativa tanto para las empresas como para las comunidades y el medio ambiente, permitiría generar empleo, aumentar la recaudación y llevar desarrollo económico y social sostenible a todos los sectores del país.
La determinación pública para generar un entorno propicio para la inversión, la creación de trabajo y el desarrollo económico sostenible requiere una política de Estado que favorezca las alianzas público-privadas a todo nivel, asumiendo un rol activo en la búsqueda de entendimiento también con el tercer sector en todo tipo de proyectos. Esto generará por sí solo reactivación económica y más recursos para el erario público, así como un positivo clima de entendimiento y mejores condiciones de vida para todos nuestros ciudadanos.
La posición en materia tributaria expresada por los gremios empresariales, liderados por la CPC, no impide avanzar en la modernización del sector público, en los avances en materia de elusión y en el aporte de tributos que debe exigirse al amplio sector de la economía que hoy funciona informalmente, sin contribuir al erario fiscal ni cumplir las leyes laborales y ambientales correspondientes.
Katia Trusich O.
Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales y directora de empresas.