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Con frecuencia, en el discurso de diversos agentes educativos, especialmente de quienes lideran las políticas públicas, es común ver expresarse respecto a términos de calidad de la educación en Chile, en los mecanismos para lograrla e incluso en los dispositivos para su monitoreo. A través de la Constitución de 1980, es posible identificar el diseño y la articulación de políticas educativas que fueron fortalecidas en los gobiernos de La Concertación. El mayor punto de inflexión en términos de calidad se produjo en la llamada Revolución Pingüina donde las demandas apelaban, a través de movilizaciones, lienzos y carteles, dar un énfasis a la educación de calidad.
Por otro lado, la ciudadanía releva los elementos cruciales que deben conformar las condiciones para que una educación de calidad sea posible en nuestro país. Equidad, dignidad, respeto y otros valores resuenan de forma frecuente dentro de las demandas ciudadanas, no obstante, dichas demandas distan de lo que los actores políticos educativos han comprendido respecto al concepto de calidad. Pues, si bien, la calidad es un concepto ampliamente aceptado y frecuentemente referido en el ámbito educativo, su significado es polisémico y cuanto más, confuso.
Los últimos años en educación no han sido tranquilos. El trabajo de directivos, docentes y asistentes de la educación se ha vuelto complejo. Desde antes de la pandemia, ya era afectado por la crisis y el descontento social, la incertidumbre, el debilitamiento de las referencias y el cuestionamiento a la manera como la sociedad se ha ordenado. Hay dudas sobre la dirección de los esfuerzos educativos en las actuales circunstancias.
De esta forma, es posible mencionar algunas ideas sobre la calidad, enfocados en ciertos acuerdos sobre la marca SIMCE como forma única de comprender procesos de aprendizajes, puesto que, no permite un insumo concreto para la mejora. Es importante entender que esta crítica no es por el instrumento en sí, sino como han sido utilizados los resultados de esta evaluación, revelando la posibilidad de aprender de niños, niñas y adolescentes en relación con su situación económica, fortaleciendo al mercado educativo.
Respecto a lo anterior, la normativa actual, legado de las políticas de la dictadura, con cambios insuficientes respecto al rol de los equipos directivos desde el retorno a la democracia, en la actualidad tiende a empujar a los líderes de los establecimientos educacionales hacia la monopolización las decisiones abocándose a los resultados para responder a la lógica del Accountability, invisibilizando a los demás actores claves del proceso educativo. Hoy es necesario educar en democracia y la democracia debe vivirse dentro y fuera de los ambientes escolares.
Ahora bien, si hemos intentado buscar la forma de avanzar en calidad del sistema, no obstante, la forma numérica en que la comprendimos en el día de hoy no parece ser la mejor forma para responder a los fines educativos que demanda nuestro tiempo, con foco en la equidad para lograr la tan anhelada justicia social. Entonces nos preguntamos, ¿cómo desarrollamos la capacidad del sistema para asegurar esa calidad y distribuirla con justicia, con un servicio educativo que garantice igualdad a las personas en dignidad y derechos? Respuesta, que es posible encontrar luz en algunos principios que se han expuestos en el trabajo de los distintos actores políticos en el desarrollo de una posible nueva constitución sintetizado en los siguientes párrafos.
-Incorporar el principio de la calidad educativa desde la diferencia, más que desde la estandarización.
-Pasar de la lógica de lo que se ha denominado Estado evaluador a la de un sistema educativo comprometido con el desarrollo de sus comunidades.
-Hacer efectiva la promesa de oportunidades de aprendizaje permanente de las personas.
-Un trato distinto y especial para la Educación Pública.
-Garantía de compensación educativa a los sectores más pobres de nuestra sociedad.
De esta forma, es posible exponer que la calidad y la forma de comprenderla es el diálogo que debemos gestar en las escuelas y liceos de nuestra provincia, con la inflexión puesta en nuestros tiempos y en el nuevo Chile que debemos gestar, pensando en las distintas necesidades de aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes en contextos de mayor vulneración, pobreza multicausal y exclusión social, a fin de que, la educación no sea un sistema que perpetua las iniquidades del sistema económico y social imperante.
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