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Opinión

Una escena conocida


 Por Mario Ríos Santander

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Al terminar toda la tramitación de la Ley de Culto, norma esta que regula persona jurídica de las entidades religiosas, un periodista me preguntó, cual era el motivo de aprobar en una ley simple, un cuerpo legal cuya trascendencia sobrepasaba decena de artículos constitucionales, pudiendo por tanto, haber tenido un capítulo especial en la Constitución, para su adecuado tratamiento institucional. Le respondí que “efectivamente este es un cuerpo legal muy trascendente. Se trata de regular jurídicamente el actuar de entidades cuyo principal y único motivo de su presencia en el interior de la sociedad, es la fe de quienes la componen”. A su vez, le señalé que “muchas entidades religiosas incluso se regían bajo el ordenamiento dispuesto por estructuras externas a nuestro país, y más todavía, distintas en su gobierno y en su propia doctrina de Estado”. El periodista, algo abrumado por mi respuesta me insistió, “¿Entonces porque no quedó en la Constitución?”. Le respondí muy escuetamente, “Porque en nuestro continente latinoamericano, las constituciones duran menos que las leyes”. Y se terminó la entrevista.
Con algo más de bullanga, un par de días atrás, en un salón de honor repleto de sillas vacías e inasistentes conocidos, el Presidente Boric, cinta tricolor sobre sus hombros, recibía un nuevo texto constitucional, escrito por una parte muy definida de convencionales, para ser votado en un Plebiscito de Salida (que buen nombre y gráficamente muy adecuado), el próximo 4 de septiembre por la ciudadanía, compuesta por 15 millones de votantes. Las anterior constituciones cercanas, 1980, 1988, ambas plebiscitadas, y con altísima participación ciudadana, además la del 2005, sin plebiscito pero con plena participación en el Congreso y con elección parlamentaria de por medio, habían tenido amplia acogida. Ninguna, tuvo este prurito de que “en realidad hay que cambiarlo todo”, como ocurre con la actual, tanto en los que han manifestado su aprobación y naturalmente los que ya se pronunciaron por el rechazo. En lo principal, si le preguntamos a la ciudadanía, independiente de su aprobación o rechazo, “estima ud. que debe adecuarse la constitución posterior al plebiscito”, no me cabe duda alguna que un 70% de los chilenos dirán “Sí, hay que adecuarla”. ¿Entonces porque aprobarla?
Si a lo anterior sumamos como evidencia real que en la totalidad de las encuestas anteriores al “estallido”, el asunto constitucional solo le interesaba al 3% de la población, entonces comprendemos mas la razón de tanta silla vacía en el ex Congreso Pleno y más aún, la manifestación encuestal que avecinan un rechazo, cuyo porcentaje se acercará al 65% de la población. Y si lo anterior fuera poco, hay que agregar que ningún ex presidente aceptó la invitación “solemne” de la Convención en que se entregaría un nuevo texto para votarlo en este “plebiscito de salida (insisto, muy gráfico… hay que salir luego de esto). ¿Qué más? No sé. Vendrá una aceleración de la palabra. Se insistirá mucho en que esto de muchas naciones, “no es tan peligroso” y que “los derechos a la salud vivienda y educación están asegurados”. Recuerdo que en la Ley de Presupuestos de la Nación, en aquellos años en que el parlamentario tenía potestad sobre uso de platas públicas, la ley era larguísima, algo parecida al texto constitucional propuesto porque todos, ponían como obligación lo que se venía a la cabeza, (puentes menores, veredas, arcos de futbol…) y por cierto, no se hacía nada. Me temo, que ahora ocurrirá lo mismo.


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