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Opinión

Inversión extranjera en Chile


 Por Cristóbal Cifuentes Torres Abogado

Cristobal-Cifuentes

Durante casi cuatro décadas la exitosa política para incentivar la inversión extranjera estuvo sustentada básicamente en dos pilares: la antedicha certeza jurídica que hacía de Chile un país de muy bajo riesgo, y el principio del trato nacional, esto es, la no discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.

En el año 2014, cuando nuestra clase dirigente creyó que Chile era un país que daba las suficientes seguridades para que llegaran capitales extranjeros, por lo cual en la Reforma Tributaria que se realizó ese año se decidió eliminar el Decreto Ley 600.

¿Qué es eso del DL 600 dirá usted?, fue un instrumento de política económica que regulaba las transferencias de capitales extranjeros hacia Chile y otorgaba una serie de garantías y derechos a los inversionistas.

Los inversionistas extranjeros y el Estado de Chile suscribían un Contrato Ley, en el cual quedaban plasmadas garantías cambiarias, jurídicas y tributarías, por lo cual el inversionista extranjero podía optar por un impuesto del 42% en vez del Impuesto Adicional de tasa (35%). En este caso, la tasa quedaba fija por un período de 10 años, el cual podría ser aumentado a un máximo de 20 años en el caso de inversiones industriales o extractivas de US$ 50 millones o más. Además, el inversionista podía optar por el “congelamiento” o fijación del IVA y del régimen arancelario aplicable a la importación de máquinas y equipos que no se produzcan en el país.

En la Ley 20.026 del año 2006, con el fin de otorgar nuevos derechos durante un máximo de 15 años para las inversiones mayores a US$ 50 millones destinadas a proyectos mineros, se otorgaron nuevos derechos.

En los primeros diez y seis años de vigencia de este cuerpo legal, es decir 1974-1989, ingresaron al país recursos por un monto de US$11.000 millones, esto es un promedio anual de US$ 688 millones, de los cuales el 45% se destinó al sector minero.  Como referencia, entre el año 1974 y el 2013, ingresaron al país vía DL 600, US$ 141.000 millones, de los cuales US$ 50.000 millones se destinaron al sector minero, esto es un 36% del total de recursos externos que captó Chile en las últimas cuatro décadas, mediante este mecanismo. En este sentido, las cifras demuestran que el modelo fue bastante exitoso.

El año 2015, último año de vigencia del DL 600 ingresaron al país en inversión US$ 21.056 millones, con posterioridad a su derogación la inversión ha caído en Chile siendo de US$ 12.136  millones en el 2016, US$ 5.852 millones en 2017, US$6.082 en 2018 y US$ 10.797 en 2019. Excluyo 2020 y 2021 porque los datos pueden distorsionarse por la pandemia. Los años anteriores a la derogación el año más bajo de inversiones había sido el año 2010 con US$ 15.725 millones.

Claramente hemos perdido la capacidad como país de atraer nuevas inversiones, para que esto ocurra es necesario recuperar la certeza jurídica y seguridad. El ingreso de capitales al país provocara un círculo virtuoso de mayor crecimiento económico, más trabajo y remuneraciones, lo cual repercute en mayores ingresos para el fisco y sin subir los impuestos

Hay que crear una estructura fiscal que permita el ahorro e inversión, para que las personas puedan desarrollarse a nivel personal o formar sus empresas y contratar, pues no se va a absorber un aumento de desempleo con gasto público, como se pretende hacer mediante el pago de subsidios.


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