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Llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje requeridos por las poblaciones de educandos por la vía de la educación telemática no ha sido nada fácil para ninguno de los miembros de las comunidades escolares y menos aún para los docentes de aula de todos los niveles del sistema escolar - sin perjuicio de los avatares que cada incumbente comunitario haya debido enfrentar y asumir (docentes, discentes, asistentes de la educación y apoderados) -, toda vez que han sido éstos quienes directamente, como lo hemos sostenido en una diversidad de espacios sociales públicos de intervención, han tenido que cargar con la casi totalidad de los costos derivados de la puesta en acción de la referida modalidad sustitutiva, y que se han traducido en costos sociales, materiales, económicos y psico laborales , entre otros.
Un primer coste a tener en cuenta en este plano es el denominado costo social derivado de la repentina irrupción de los centros de enseñanza en el seno familiar de los docentes - y para lo cual, desde luego, no estaban en absoluto preparados -; esto, como consecuencia de la instalación transitoria de la enseñanza sustitutiva que nada tenía que ver con lo que había sido su habitualidad de enseñantes durante el ejercicio del acto pedagógico o acto educativo , transformando sus espacios privados poco menos que en establecimientos educacionales y como nunca antes se había visto (porque no había experiencias locales sobre el particular), tanto para entregar educación a los estudiantes de que eran responsables institucionalmente, como para recibirla en sus casas, a propósito de la presencia de los propios hijos en su calidad, también, de alumnos dependientes de otros centros de enseñanza y, al cabo, sujetos objeto de acciones telemáticas, como es de entender; y ello, producto de una brutal pandemia como la que nos ha venido afectando desde el 2020 a la fecha (recordando que fue el tres de marzo de ese año cuando se reportó el primer caso de Corona Virus en nuestro medio).
Un siguiente coste a ser considerado en este caso es el reconocido como costo material y económico , en el sentido de que - junto con hacer uso de sus dependencias domiciliarias (y romper al mismo tiempo con la intimidad socio familiar), adecuarlas para aulas telemáticas según las exigencias de las circunstancias y ponerlas a disposición de los educandos - han hecho uso (a falta de otros que tendrían que haber facilitado los DAEM a través de los centros educativos) de sus bienes y materiales personales como el mobiliario de casa (restado al confort y bienestar de las familias), teléfonos celulares y domiciliarios, computadoras y tabletas de su propiedad; además de la utilización de su Internet y de sus señales telefónicas; representando, todo esto, como es de suyo evidente, cero gasto en equipos y conectividad para los Sistemas Comunales de Educación; sin dejar de lado, al mismo tiempo, la reposición de materiales, la reparación y ampliación de capacidades en otros, la adquisición de nuevas y más potentes señales telefónicas y cibernéticas, todas, pero simplemente todas de cargo de los pedagogos.
¡Y qué decir de los costos psico laborales, ante los cuales los DAEM - sin olvidarnos, por cierto, de las Corporaciones Municipales, ni de los Servicios Locales del mismo orden (que han incurrido en las mismas fallas) -, han resultado ser unos grandes ausentes (o indolentes) al no haber dispuesto mecanismos de ayuda para los docentes consistentes en apoyo psicológico, social y económico efectivo (con la contratación, por ejemplo, de un seguro COVID o un cambio de mutualidad, que sí se podía y puede hacer) que garantizasen un verdadero resguardo para la integridad física, psíquica y moral de los enseñantes, conforme la ley ordena a los empleadores que debe ser!
En este orden de cosas, podemos entender y asumir la concurrencia de modalidades pedagógicas sustitutivas de enseñanza (como la telemática y la híbrida); pero en modo alguno ese curioso statu quo expresado por los DAEM.
Prof. Juan Manuel Bustamante Michel
Presidente de la AFDEM Los Ángeles
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