Más tiempo, más seriedad

Bryan Smith
Cientista Político
Director de estrategia y desarrollo, Observa Biobío

Las conversaciones apresuradas pueden conducirnos a conclusiones apresuradas que, al poco andar, podrían vislumbrar sus defectos y sus efectos.

Las discusiones de la Convención Constituyente requieren de mucha delicadeza, pues de sus resultados generales dependerá el futuro de Chile, por eso, debemos replantearnos los tiempos de esta institución.

Desde un comienzo, los plazos otorgados fueron arbitrarios y no consideraron los efectos de presión que genera el cortoplacismo... o tal vez sí. El punto es que nueve meses, extensibles a doce, no es un plazo ni moderado ni justo para un órgano encargado de confeccionar la próxima Constitución de Chile, pero que primero debió discutir y crear su propio mecanismo de funcionamiento interno y que, además, no contaba con la infraestructura adecuada para comenzar el día uno. Esto, si consideramos los casi siete años que se demoró la Comisión Ortuzar en hacer la Constitución de 1980 o los 4 años que le tomó a la Convención Constituyente de 1829 confeccionar la Constitución de 1833 - la Constitución de 1925 surgió en apenas unos meses, pero su carácter es más bien de reforma constitucional y la presión fue ejercida por el ejército en favor de los derechos sociales - por lo tanto, el plazo establecido por el Acuerdo por la Paz, es un plazo sin fundamentos claros, frente a la realidad histórica de las Constituciones anteriores.

El problema no es el gasto de recursos, como sostendrán algunos, el problema es la seriedad de las discusiones que conducirán a los artículos de esta potencial Carta Magna, ya que se han dado con mucha premura si consideramos que les tomó cuatro meses definir su propio funcionamiento interno, dejando a penas ocho meses para discutir todos los temas que debe abordar, no solo cualquier Constitución, sino una Constitución que responda a las necesidades de los tiempos presentes y futuros, por lo tanto, la presión ejercida, meramente por cuestión de plazos, es un riesgo para el resultado final.

Debemos tomar cada tema con calma, desmenuzarlo, analizarlo, observar pros y contras, pues los peligros de una Constitución apresurada y la breve discusión de temas que supone, son: la aprobación de una Constitución que no resulte a la medida o, derechamente, la no aprobación - rechazo - de una nueva Constitución y la permanencia de la actual, que ya está difunta ante una ciudadanía que optó, con un amplio respaldo por la opción apruebo en octubre de 2020.

El más fresco ejemplo de los peligros de la premura, es la aprobación en la comisión pertinente, de un gobierno presidencial y unicameral, combinación que ha sido sutil pero claramente criticada por los principales centros de estudio del país y por destacadas investigadoras e investigadores del área.

Desde ya, debemos - además de solicitar a nuestros constituyentes, más seriedad y más calma en asuntos especialmente complejos como el sistema de gobierno - pensar en que la Convención necesita extender su plazo, por el simple afán de liberar a este órgano, de presiones innecesarias y que pueden desembocar en un error grave para el futuro próximo y lejano.

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