Por lo que resulte que deba ser

Prof. Juan Manuel Bustamante Michel
Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Sin perjuicio de que como asociación de funcionarios públicos compartimos lo vertido por el presidente electo Gabriel Boric Font en el sentido de que los centros de enseñanza deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar - en el evento de que alguna situación especial, por cierto, como la pandemia que hemos vivido desde hace dos años obligase a una suspensión transitoria de la presencialidad y a su reemplazo por otra a distancia, telemática o híbrida -, y atendido, por otro lado, lo vertido por el actual ministro de educación, Raúl Figueroa Salas, quien taxativamente sostuvo que a partir de marzo del presente año todos los establecimientos educacionales del país deberán volver a condiciones de plena normalidad de trabajo, lo cierto es que, considerando lo que ha sido hasta ahora el comportamiento de la variante Ómicron del Corona Virus - que ha superado con creces y de manera alarmante los niveles de contagios alcanzados durante los años 2020 y 2021 en nuestro medio - y haciéndonos cargo, por su parte, de lo indicado por el futuro ministro del ramo, profesor Marco Antonio Ávila, no se podría hacer otra cosa que repensar la presencialidad en resguardo, por cierto, de la salud y la vida de los miembros de las comunidades escolares, sobre todo si se consideran las proyecciones que se han hecho respecto de la pandemia, que en concreto hablan de unos 30 a 35 mil contagios diarios.

Como están las cosas, desde luego, es de suyo claro que una presencialidad total, como la demandada a priori por el actual ministro de educación (y de espaldas a la compleja realidad sanitaria que vive el país en estos momentos), obligaría a las municipalidades en general y, como es evidente, a la de Los Ángeles en particular - en resguardo, claro está, de los derechos fundamentales de cada uno de los componentes de las comunidades escolares, además, por su parte, de los derechos laborales de los docentes y asistentes de la educación, que son incuestionables e irrenunciables -, a disponer importantes sumas de dinero tanto para la adquisición de materiales de protección (como sabemos, probadamente escasos en los centros de enseñanza), como para la realización de unas necesarias adecuaciones a los espacios áulicos y a otros de amplia concentración de personas (nunca intervenidos en los colegios en los dos años anteriores), así que lo exija por sus consecuencias el COVID - 19, de tal manera que las distancias radiales entre individuos sean efectivas y se garantice, por lo tanto, un real cuidado para quienes concurren a un establecimiento educacional en función del cumplimiento de sus roles específicos. Ello, como primer acercamiento a la situación que nos convoca.

Y si, por el contrario, el caso fuera la razonable necesidad de instalar u2018una modalidad sustitutivau2019 de enseñanza (también transitoria), los esfuerzos de los municipios deberían ser igualmente reveladores respecto de la disposición de recursos al servicio de la docencia de aula y del acto docente, o educativo, o pedagógico, situación que implicaría a lo menos: (1) contratar seguros COVID con los cuales los docentes hoy no cuentan al no haber sido parte de la Ley de Teletrabajo (por olvido, descuido, negligencia o desconocimiento de la realidad educacional), en la idea de precaver pagos millonarios por parte éstos a los hospitales y clínicas en la eventualidad de que pudieran contagiarse con Corona Virus; (2) proveer líneas telefónicas, señales de Internet y equipos móviles y computacionales, a fin de evitar por el lado de los enseñantes la utilización de recursos propios, tal y como resultó ser en la emergencia anterior; y (3) disponer la entrega de material ergonómico que torne más cómodo y fácil el trabajo en línea o telemático de los profesores a lo largo del desarrollo de sus actividades pedagógicas. Como la memoria suele ser frágil - y a veces a conveniencia -, recuérdese que los costos económicos, sociales, materiales y psicolaborales derivados del COVID - 19 en los años 2020 y 2021 fueron asumidos en su totalidad por los enseñantes, sin que las municipalidades se hicieran cargo de las que eran sus responsabilidades.

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