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Opinión

Derecho a la participación


 Por Florencia Alves >Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas

Florencia Alvez

Lo que en un principio pareció ser una altísima participación ciudadana en las elecciones del 21 de noviembre, resultó ser solo aglomeración en los locales de votación debido a las limitaciones impuestas por la pandemia y a la dificultad que significó emitir varios votos, con gran cantidad de candidatos.

Si bien la participación aumentó en relación a las elecciones presidenciales del 2017, fue menor que para el plebiscito del Apruebo y Rechazo, en la que votó un 50,95% del padrón electoral.

Realizar las elecciones en dos días, implementar el voto electrónico o asignar locales de votación de acuerdo a los domicilios de las personas, son propuestas a considerar para incentivar la participación, elemento central de la democracia y un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de la República, cuyo artículo primero, inciso 4, señala que “es deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Para garantizar este derecho, el Estado debe asegurar a todas las personas la participación en los asuntos públicos. Esto implica educar e informar en diferentes contextos, por ejemplo, alcanzando zonas aisladas y con problemas de conectividad, o adoptando medidas interculturales como traducción a lenguas indígenas, entre otras acciones, materializando así el derecho a la participación, imprescindible para adoptar decisiones que sean representativas y que gocen de legitimidad, es decir, que sean consideradas como una decisión lícita, justa y eficaz.

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