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Nada de sorprendente ha resultado ser para la AFDEM Los Ángeles el forzado retorno a la presencialidad que ha tenido lugar en el sistema público local de educación desde hace unos días. Medida que, de acuerdo con lo informado, operó verticalmente y en total concordancia -por decisión del sostenedor y del Sistema Comunal de Educación- con lo planteado y, de manera muy persistente, por el Ministerio de Educación, pero también en total contradicción tanto con los discursos vertidos por la misma autoridad edilicia (como fue de público conocimiento en las redes sociales) cuando fueron las campañas políticas conducentes al proceso eleccionario del 11 de abril pasado que permitiría, además de la primera elección de gobernadores regionales, la renovación de las autoridades municipales, y en el que sostenía que no se arriesgaría ni la salud ni la vida de los miembros de las comunidades escolares que forman parte de los centros de enseñanza , como con el hecho de que nuestra comuna había retrocedido a la fase 3 del Plan Paso a Paso, situándose por encima de otras importantes comunas del país, y a propósito de lo cual se sostuvo por parte de la autoridad sanitaria que ocho de cada diez nuevos contagiados por Covid-19 lo estaban con la variante Delta, muy a nuestro pesar.
Ahora bien, si la idea de fondo fue contar con un masivo retorno de los educandos a los establecimientos educacionales y una mayor eficiencia, eficacia y efectividad de los centros educativos en el desarrollo del acto pedagógico en cada una de las dimensiones que lo estructuran, lo cierto es que tal pretensión no fue otra cosa que, diríase, un definitivo fracaso, porque: 1) El 80% de los padres, apoderados o guardadores, según antecedentes aportados por la Unión Comunal de Centros de Padres, no están enviando a sus representados a los centros de enseñanza por una decisión que solo les compete a ellos en resguardo de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes bajo su protección; 2) sobre el 80% de los educandos no están asistiendo a clases presenciales acicateados por las razones esgrimidas por sus tutores; 3) en general, el respeto a las medidas sanitarias derivadas del Plan Paso a Paso vigente no ha estado a la altura de lo esperado, sobre todo por la significativa merma, en unos casos, y la inexistencia a estas alturas del año, en otros, de los suministros destinados a la protección de los/as estudiantes, asistentes de la educación y docentes, no obstante la fase 3 a la que hemos retrocedido; y 4) porque las decisiones locales que se han adoptado en favor de una masiva presencialidad discente por parte de las autoridades edilicia y educacional han ido más bien por el lado de lo convenientemente político y económico, que de lo idealmente sanitario, si se observan las continuas amenazas de sanciones a las finanzas de los DAEM esgrimidas por el Mineduc para aquellas municipalidades que no optaren por la normalidad.
Finalmente, si a todo lo anterior se agrega que en su mayoría los colegios no cuentan con sistemas informáticos actualizados o de última generación -una más que evidente contradicción sistémica, por cierto, atendida la calidad de la oferta educativa de que debe disponer para una población escolar demandante que supera las 16.000 personas- ni con señales de internet lo suficientemente poderosas para atender telemáticamente, desde el centro de enseñanza, a ese 80% o más de aprendientes situado al margen de la presencialidad -además de una total carencia de teléfonos celulares y planes telefónicos ad hoc que estén a disposición de los pedagogos con el objeto de que puedan disponer de elementos materiales alternativos para el cumplimiento de sus actividades profesionales-, el panorama se complejiza todavía más cuando desde la arbitrariedad directiva no pocos docentes han tenido que cumplir con hasta tres jornadas diarias de clases, y solo porque su jefe estimó que así debía ser. Genial, ¿verdad?
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