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No han sido pocas las oportunidades en que he planteado que la Deuda Histórica que el Estado de Chile tiene con un importante segmento de sus docentes -cerca de sesenta mil (de los noventa mil que eran, pues alrededor de treinta mil ya han fallecido para beneficio de las arcas fiscales) y la mayoría de ellos jubilados y viviendo en condiciones de precariedad inaceptables- constituye, pero de todas maneras, una vergüenza nacional y un insulto gratuito a esta profesión que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las naciones del orbe; tal y como de ordinario lo han preconizado en los más diversos espacios académicos, sociales y foros nacionales y extranjeros dignatarios políticos, economistas y especialistas de distintos campos de nuestro saber humano.
Recuérdese al efecto que la denominada Deuda Histórica se generó a los docentes de la época con motivo del traspaso en dictadura de los establecimientos educacionales a las municipalidades, y por obra y gracia de los alcaldes designados de entonces, quienes -vulnerando el derecho de propiedad de los trabajadores de la educación sobre sus remuneraciones, incluidos los docentes- desconocieron su condición de funcionarios públicos, pese a que el decreto de traspaso expresamente señaló que tal situación no afectaría ni la estabilidad laboral ni las remuneraciones de los funcionarios afectados, por lo que en este caso, como es obvio, hay causantes directos, como he dicho, con nombres y apellidos conocidos que hasta hoy en día no han sido capaces de dar una explicación coherente y consistente que justifique la ignominia que vino a representar esta conculcación de un bien personal, como el derecho a percibir sus ingresos según la forma y plazos que indicaba el Decreto 3.551 y el daño previsional que se produjo como consecuencia de lo mismo, que llevó a que los docentes jubilaran con pensiones de hambre.
Desde aquel fatídico momento hasta ahora - orque por sus efectos no podría ser entendido de otra forma, atendida la gran cantidad de personas que resultaron perjudicadas- han pasado cuarenta años: 1) de promesas incumplidas, 2) de negligencia política, 3) de proyectos de acuerdo sin un destino posible, 4) de mesas de trabajo inconducentes, 5) de inefectividad gremial, dados los compromisos partidarios de muchos dirigentes, que utilizaron las necesidades de los docentes como trampolín para iniciar una carrera política en cargos de elección popular o en otros de la administración de Estado, y 6) de yerros funcionales por parte de los propios afectados, si se considera su tendencia a la dispersión presente y pasada al agruparse en distintos movimientos inconexos que no han hecho posible la generación de una fuerza transversal en favor de lograr el objetivo y que en su momento me llevó a proponer la creación de una Asociación de Profesores Jubilados de Chile (Aprojuch) , es decir, de una persona jurídica completamente autónoma y con voz propia y sin dependencia alguna del Colegio de Profesores de Chile.
El tema es que, no obstante todo lo que se diga en contrario, la Deuda Histórica sí existe, toda vez que ha sido reconocida tanto por el Poder Judicial, con sus sentencias que han ordenado el respectivo pago a quienes han interpuesto y ganado demandas judiciales; como por el Poder Legislativo, con sus múltiples proyectos de acuerdo que en distintos períodos de su acontecer institucional han tenido lugar; por el Poder Ejecutivo, cuando se ordenó por parte de la ex presidenta Michelle Bachelet Jeria un estudio orientado a determinar la cuantía de la misma y, ante ello, algunas propuestas de solución; y por determinados organismos internacionales como la OIT y otros que, a no dudar, han recomendado su solución; resultando esperanzador, por lo tanto, el compromiso suscrito por nuestra colega senadora y candidata presidencial Yasna Provoste Campillay en el sentido de que, si es elegida Jefa de Estado, resolverá dicha deuda.
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