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Opinión

Nuestro legítimo derecho a trabajar


 Por Miguel Pezoa, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles

07-09-2018_18-53-451__miguelpezoa14-1

Hace unos días, un titular de un medio escrito de circulación nacional dio cuenta de la dura y enfática opinión de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) ante las restricciones de principios de mes impuestas al comercio para tratar de frenar la pandemia.

Resulta que esta Asociación Gremial, tal como interpretó dicho medio, realmente cambió el tono de sus declaraciones. Pasó de comentar una noticia a esgrimir la posibilidad de una abierta injusticia. Efectivamente, endureció el tono y, de paso, aunó la voz de otras cámaras territoriales –como la nuestra–, al vislumbrar visos de inconstitucionalidad en medidas que no van al foco del problema y que privan a buena parte de los pequeños empresarios de ejercer su natural derecho a trabajar. En cifras de la CCS, serían unas 120.000 las empresas del comercio minorista que fueron seriamente perjudicadas con dichas restricciones.

Nuestra actual Constitución, cuya modificación está cada vez más cerca, garantiza en sus líneas la libertad de trabajo y su protección. Reza entre sus párrafos: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución… Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así”.

Creo, sin temor a asegurarlo, que menos del uno por ciento de los chilenos –a menos que se trate de un abogado– toma un puesto de trabajo o empieza una actividad comercial habiendo leído primero lo anterior. Seguramente, en el curso de la vida uno llega a entender que esa afirmación es cierta y también el porqué debe ser así. En un país libre y soberano como el nuestro, todos tenemos derecho a ganarnos la vida a través de una actividad honrada y bajo reglas conocidas. En esa misma línea, nadie tiene el derecho a privarnos de ejercer nuestro trabajo sin los fundamentos necesarios.

Actualmente, está en tela de juicio la potestad ejercida por el Ministerio de Salud en relación a eliminar ciertos rubros y actividades, incluso vía delivery. La autoridad puede, en virtud de lo expuesto, restringir por “salubridad” una actividad, pero francamente es incomprensible que la venta de ropa de niños, zapatos o ropa interior contribuya a propagar el virus más que la venta de alcohol u otro bien.

Cierto es que, por principio, estamos en desacuerdo que los supermercados pudieran vender artículos no esenciales cuando el resto de los locales de galerías, y otros muchos, estaban impedidos de hacerlo. En esta pasada eso se corrigió. Sin embargo, la autoridad fue más avezada en sus atribuciones y restringió aún más la opción de trabajar a las pymes, limitando su sustento. Les negó el derecho a trabajar a aquellos que están formalizados, pagan impuestos y los sueldos de Chile. Un desastre. ¿Por qué, entonces, no pensar que es mejor alternativa ser informal y así obtener todos los beneficios que se alcanzan al amparo de nuestra legislación? En realidad, es el incentivo más real que las autoridades proponen con este tipo de decisiones administrativas.

En nuestra opinión, las medidas no deben pasar por prohibir el trabajo. Al contrario, pequeños y grandes establecimientos deberían abrirse con protocolos estrictos, aforos restringidos, delivery y todas las medidas que se consideren pertinentes e imaginables. De esta manera, nos desharemos de las largas filas que hoy existen fuera de los pocos comercios abiertos y contribuiremos a paliar la difícil situación económica y social de muchas familias.

Pronto empezará el trabajo para redactar una nueva Carta Magna que dibujará el futuro de nuestro Chile. Esperemos que en ella se expresen las visiones de los más variados sectores de nuestro país, incluidos los intereses de los gremios que velamos por el correcto ejercicio de las distintas actividades que ejercemos.

Considero que llegó el tiempo de complementar nuestras exigencias con proposiciones en esta nueva carta fundamental. Al fin y al cabo, estamos construyendo nuestro propio futuro y el de la generación que más nos importa, nuestros hijos y posiblemente nietos.

No queremos que una nueva pandemia trunque nuestras vidas y nos prive del derecho a trabajar, especialmente en el contexto de una actividad tan fundamental como la nuestra.  Para eso, debemos repensar la sociedad en que nos hemos convertido. Más bien, repensemos la sociedad que hemos permitido.

Hoy a muchos “se les cortaron las manos” y, posiblemente, sea mucho más fácil para cualquiera de nosotros comprar una botella de licor en un establecimiento presencial –por legítimo que sea– que un par de zapatos para los niños, por lo menos hasta que se levante totalmente la restricción. Da para pensarlo, pues medidas como estas se transforman en una abierta invitación a la informalidad. ¿Será que la autoridad no pensó en ello o, definitivamente, le dio exactamente lo mismo? La respuesta la tenemos cada uno.

Especial Coronavirus

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