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Cuando ya se ha cumplido casi un mes de marcha del año escolar 2021 y en plena segunda ola de la pandemia generada por el coronavirus (y acaso al inicio de una tercera, en opinión de algunos científicos y expertos del área de la salud), bueno es darle una vuelta contrastándolo con lo que fue el quehacer docente a lo largo del año 2020, a propósito de la instalación obligada de modelos sustitutivos de enseñanza en reemplazo del difundido modelo presencial.
Como es sabido -y esto, con el objeto de evitar que los estudiantes se convirtieran en vectores de contagio para sus familias nucleares, extendidas y amistades-, fue preciso sustituir la enseñanza presencial por la enseñanza remota o telemática, en el contexto de lo que se entiende por teletrabajo, de modo que tanto los demandantes de educación (los aprendientes y sus familias), como los oferentes (los centros de enseñanza con sus equipos docentes, y en especial los de aula), pudieran concretar el acto educativo desde sus hogares (unos enseñando y los otros aprendiendo y apoyando), y así hacer efectivo el derecho a la educación a que están afectos cada uno de los estudiantes.
Desde luego, ante la ausencia de un Estado protector que fuera más allá de un bono para esto, eso y aquello aquí, allá y acullá, además de un sistema público de educación carente de visión y audacia para enfrentar la pandemia en curso y sus consecuencias -que no haya sido su permanente insistencia para que los estudiantes, docentes y asistentes de la educación volvieran a las actividades presenciales-, los costos de la enseñanza remota o teletrabajo fueron de cargo exclusivo de los educadores. Esto es 1) los costos sociales, a causa de las severas alteraciones que sufrieron en el orden familiar, al punto de que los roles del hogar se confundieron con las actividades pedagógicas propiamente dichas; 2) los costos materiales y económicos, toda vez que fueron los equipos tecnológicos de los docentes (computadoras y celulares) y sus respectivas señales los que se pusieron a disposición del aprendizaje de los niños y jóvenes; 3) los costos psico-laborales (gastos médicos) derivados de: a) un burnout más que presente y fundado en una rigidez horaria prepandémica aplicada en los centros de enseñanza como si todo hubiera sido normal, que ha desconocido que los enseñantes han casi duplicado su habitual jornada trabajo semanal y b) un comportamiento directivo que no se condice con la necesidad de brindar un verdadero acompañamiento a los docentes en función de una mejor atención para sus educandos; y 4) el uso diario de sus vehículos personales con el fin de acercar materiales de trabajo, asistencia, seguimiento e igualdad de oportunidades a la población discente impedida de conectarse a internet o hacer uso de una señal telefónica.
El asunto, en este caso -lo cual es muy lamentable-, es que las referidas condiciones trabajo no han variado en lo más mínimo respecto de como fueron en el año 2020, debiendo agregarse otras tanto o más dramáticas que las anteriores, tales como: 1) descalificaciones y desautorizaciones a los docentes enfrente de sus educandos en el desarrollo de alguna clase con la irrupción en pantalla de terceros adultos, un hecho inaceptable, por cierto; 2) asunción de millonarios costos de hospitalización a falta de un seguro coronavirus proporcionado por el Estado o por los sostenedores con la contratación de alguna compañía del ramo en favor de los docentes; y 3) la eventual asunción solidaria, porque siempre es así, de esos mismos costos de hospitalización por parte de sus pares docentes en favor de quienes pudieran requerirlo en su momento a causa de haberse infectado con el Covid-19.
Un tétrico panorama este, como se puede observar, y una no menos lamentable mudez de las autoridades en general, para las cuales sus centros de interés se desviaron a las compañas políticas y a unos futuros y esperados réditos electorales.
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