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Opinión

Comunidades agrícolas en torno a la cadena de valor


 Por Renato Segura, Centro de Estudios Cerregional

Renato-Segura

Nuestro país enfrenta dos grandes desafíos.  Primero, mantener a la población a salvo del Covid-19. Segundo, estar preparados con un paquete de reactivación económica acorde a la realidad de cada zona del territorio. La primera prioridad se puede lograr con mayor velocidad en el avance de la vacunación masiva de la población. La segunda prioridad es tener preparado una cartera de iniciativas reactivadoras que sean factibles de implementar de forma inmediata.

Dar un nuevo impulso a las Comunidades Agrícolas, reguladas por el Decreto Nº5 con fuerza de Ley de 1968, puede ser una de las alternativas a considerar dentro de dichas iniciativas. En la actualidad, las Comunidades Agrícolas no gozan de buena salud. En efecto, el Ministerio de Bienes Nacionales alerta sobre un “fenómeno silencioso pero constante de desintegración del sistema comunitario, en virtud de tres procesos fundamentales: Segregación de terrenos comunitarios para establecer en dichos terrenos propiedades individuales a favor de los comuneros; enajenación de terrenos que son transferidos a terceros ajenos a la comunidad, generalmente ligados a la actividad agrícola empresarial; y, la liquidación comunitaria, que es simplemente el desahucio de la estructura comunitaria, repartiéndose íntegramente en propiedades individuales lo que era dominio comunitario”. Es decir, carecen de un modelo de negocios que les permita mantener la cohesión en base a incentivos individuales alineados con la rentabilidad de la actividad económica que realiza la comunidad. La actividad agrícola local no está ajena a dicha realidad.

Para la provincia de Biobío, el Censo Agropecuario 2007 registra 800 mil hectáreas de explotación agrícola, de las cuales el 4% de la superficie es menor a 10 hectáreas. En dicha superficie se acoge al 62% de pequeños empresarios agrícolas. Los cultivos se concentran en cereales, hortalizas, leguminosas y tubérculos, viñedos, y frutales.

Dentro de este universo de pequeños pero numerosos agricultores de la provincia, se propone fortalecer modelos de negocios basado en la cadena de valor. Un negocio basado en la cadena de valor supone reunir a un grupo de pequeños agricultores que se relacionan entre sí de forma asociativa y especializada para un tipo de cultivo que es utilizado como materia prima de un producto final demandado por el mercado (cadenas de supermercados, empresas gastronómicas, empresas de exportación, clientes internacionales, etc.). La Comunidad Agrícola, constituida de acuerdo con la ley, compromete un trabajo colaborativo, en base a protocolos de sustentabilidad para el bien final. Con ello se puede abastecer con materia prima en forma confiable y formal a una determinada cadena de valor que la utiliza. Además, los pequeños agricultores, en forma natural, se pueden constituirse en un Grupo de Transferencia Tecnológica para mejorar el rendimiento de sus cultivos.

La Comunidad Agrícola, una vez constituida, se integra formalmente como proveedor (eslabón) de una determinada cadena de producción. Su foco común o misión queda centrada en aumentar el valor del producto final. La información es simétrica entre los vínculos relacionales de los agentes económicos involucrados. La cadena de producción se formaliza a través de un contrato privado entre los distintos eslabones que la componen. La valoración de mercado del producto final será la fuerza que mantiene unida la estructura de encadenamiento.

Los eslabones existen en la Provincia de Biobío, solo falta la visión y voluntad de reunirlos, prepararlos y ligarlos, para contribuir a la reactivación económica y social del territorio.

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