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Opinión

Constitución y educación


 Por Alejandro Mege Valdebenito.

ALEJANDRO-MEGE

En el Capítulo I,  Artículo 1 de la actual  Constitución se establece que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y que es deber del Estado proteger esa dignidad y asegurar el ejercicio de esos derechos. Entre esos derechos se contempla  la educación que “tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. (Art. 19, Nº 10)

La Ley General de Educación profundiza estos preceptos cuando afirma que la educación “…capacita a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”.

El cumplimiento de estas disposiciones Constitucionales constituyen la base sobre la que se sustenta  una sociedad democrática que reconoce y trata a todos sus miembros como iguales y donde  la igualdad de acceso a  una educación  de calidad habilita al ciudadano para el cumplimiento consciente de sus deberes y  el ejercicio  informado de sus derechos. Se sabe y la experiencia lo confirma, que mientras menor sea el nivel educacional alcanzado por una persona y más débil haya sido su calidad, pierde parte importante de su independencia, es dominado por la influencia del medio y cede, a veces de manera inconsciente, por falta de conocimiento e información, a ser seducidos por las ideas (o las promesas)  de lo que piensan quienes han obtenido una mejor educación y alcanzado una cultura más amplia, transformándose en personas con limitada posibilidad de participación pública y de personal  peso cívico en las  decisiones en que se juega el futuro de la sociedad, como lo es la construcción de una nueva Constitución.

 Entre quienes resultan más discriminados de participación en igualdad de condiciones en esta magna tarea son producto de la  educación pública, sistema  que todos los sectores reconocen  como la más abandonada, así como  la deuda que se tiene con ella. Sin embargo, los cambios no se hacen por no haber acuerdo ni voluntad para hacerlo, menos cuando hay propuestas  que invaden privilegios que algunos  consideran derechos  adquiridos.

Está claro para muchos que nuestro sistema educativo requiere un cambio profundo (como lo requiere  la Constitución) que parta por resolver las causas de origen de las diferencias sociales, educacionales, culturales, laborales y ambientales (el ambioma) que son las que más pesan en el desempeño escolar, habida consideración que la inteligencia y las habilidades intelectuales no son patrimonio de una clase social determinada; se encuentra presente también en  los grupos sociales más carenciados, pero que no tienen los medios ni  las mismas oportunidades para desarrollarlas y  potenciarlas,  lo que les habilitaría para participar activa y creativamente en la construcción de su propio futuro y del país en igualdad de condiciones.

Mejorar  la calidad y equidad de la educación como un derecho de todos, es una de las materias más importantes que debe asumir la nueva Constitución. Sin embargo, existen dudas  que algunos de los convencionales que resulten electos  provengan del mundo social que más ha sufrido las consecuencias negativas del sistema educativo que tenemos. Todo indica que un hijo de vecino, aún capaz y  bien intencionado, con espíritu de justicia social, que no sea del mundo político, económico o cultural predominante, que no cuente con recursos para financiar la campaña, desconocido en política y ajeno para las redes sociales y la farándula, no tendrá ninguna posibilidad de ser electo,   porque los partidos políticos, los grupos económicos  o de poder ( la elite bien educada) no están dispuestos a perder  su influencia para dirigir la vida del país, por lo que amplían sus posibilidades de representación, buscando y financiando a  “candidatos independientes”  que por ser  caras conocidas por su exposición en la vitrina de las redes sociales, la televisión, la radio, la prensa  y la farándula y que comparten o aceptan la  visión ideológica de vida y sociedad que sustentan, tienen más opciones de obtener el voto popular.

Si bien hay candidatos de verdad independientes e idóneos  para ser constituyentes, esa independencia, que es tan importante para diseñar una Nueva Constitución, sin presiones ni consignas, con una amplia mirada de justicia social, objetiva y solidaria, humana, en suma, resulta ser su mayor obstáculo para lograrlo cuando una parte importante de los electores, por  limitaciones de la educación recibida suelen actuar más por la influencia ajena que hacerlo   con autonomía, debidamente informados y  personalmente convencidos.

Si no se hacen los cambios que la educación requiere en la Constitución que se construya, nuestra sociedad no tiene posibilidades de cerrar las brechas que la estratifican y dividen.

Ojalá no nos equivoquemos al elegir a los futuros  convencionales constituyentes.

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