El índice de percepción de la corrupción 2019, preparado por Transparencia Internacional, ubica a Chile en el puesto número 26 de los países con menor percepción de la corrupción, lo cual nos indica que debemos seguir avanzando, sin desmerecer que es una buena posición dentro de los 180 países medidos.
La corrupción se ha vuelto un tema recurrente en nuestro país, particularmente aquella que tiene que ver con tráfico de influencias, como es el caso de Corpesca, Penta o SQM, en los cuales personeros y personeras políticas han sido comprados por particulares, ya sea mediante el financiamiento de sus campañas o pagos por servicios inexistentes. Sumado a esto, se han destapado escándalos de fraude con altísimas sumas de dinero en Carabineros y el Ejército, todos estos, catalogables como delitos de corrupción, ya que suceden en instituciones públicas y con funcionarias y funcionarios públicos.
Al respecto, existen causas vigentes, pero esto no asegura que las personas involucradas sean sancionadas como la ciudadanía espera o necesita. Incluso hemos visto, fallos insuficientes, sobreseimientos y perdonazos y no tan solo en casos de corrupción política, sino también casos de fraudes económicos cometidos por privados como la Colusión de los Pollos, las Farmacias, el Confort, etc. Casos en los cuales las sanciones han sido cuestionables, insuficientes y diferidas de lo que le sucedería a una persona común por delitos similares, como es el último perdonazo obsceno que recibió Julio Ponce Lerou en cuanto a la suma que debía pagar o más bien, devolver.
Estos casos de corrupción han deteriorado la confianza en las instituciones y cargos públicos, de ahí se explica toda una década en la que el Congreso ha sido evaluada tan paupérrimamente por la ciudadanía, incluso es sabido que el descontento social que llevo al estallido de hace un año, se enraíza, no solo en la ineficiencia de quienes hacen las políticas públicas para abordar las problemáticas que aquejan a la sociedad, sino también en esa sensación de fraude que la corrupción ha sembrado en la ciudadanía.
Los chilenos y chilenas sienten y saben que a los grandes empresarios y a los políticos no les pasa nada cuando cometen delitos y así lo han demostrado los impresentables fallos y condenas en este tipo de causas, por lo tanto, la corrupción y la incompetencia política, podríamos decir que son los orígenes del descontento y es de primera prioridad hacer algo importante al respecto.
En este sentido, una opción posible es que la corrupción política sea abordada con toda la severidad de la ley, dejando inhabilitada en el ejercicio de cargos públicos de por vida a toda persona encontrada culpable de estos delitos. Esto sin mencionar las condenas altísimas que se deben establecer para estos delincuentes sociales.
La Constitución puede y debe abordar la corrupción política, así como aborda el terrorismo, pues es un derecho de la ciudadanía confiar en las instituciones y tener un estado saludable, vigilante de sus funcionarios y con el poder de ejecutar las mas altas sanciones a quienes defrauden la confianza de la ciudadanía.