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Columnista

Iniciativa Ciudadana, más que un derecho, un deber de las democracias

Bryan Smith, Observa Biobío

por Bryan Smith, Observa Biobío

No existe un modelo estándar de democracia, pero el concepto en sí, define que el poder radica en el pueblo, pero no establece la fórmula en la que este ejerce dicho poder.

En Chile la fórmula es indirecta. Esto significa que la ciudadanía elige a un conjunto de representantes para que decidan la conducción del país. En la teoría política esto se denomina como Democracia Representativa o Indirecta.

Esta fórmula, es básicamente la que todas y todos entendemos por democracia, ya que históricamente las democracias han elegido a un conjunto de representantes para decidir la conducción de los Estados.

Entendibles razones son las que sustentan el uso de esta fórmula. Principalmente su practicidad y orden ¿Imagina usted a 19 millones de personas intentando, conjuntamente, discutir leyes o definiendo políticas públicas? Suena complejo e incluso caótico. Pero en tiempos en que la ciudadanía clama por ser considerada y tener un real protagonismo en la toma de decisiones, existen mecanismos de participación directa y democrática que otorgarían espacios que hoy no existen. Uno de estos mecanismos es la Iniciativa Ciudadana.

Una Iniciativa Ciudadana es la capacidad legal (el derecho) de la ciudadanía de levantar proyectos de ley y que estos sean discutidos en el Congreso, tal cual la capacidad que tienen nuestros representantes (Presidente, Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas).

Este Mecanismo lo encontramos en distintos países del mundo y en distintas formas y en la mayoría la lógica es similar: un conjunto de ciudadanos y ciudadanas solicita levantar una moción (idea de legislar) y esta pasa por exactamente los mismos procesos que pasaría una moción levantada, por ejemplo, por una Diputada, pero con la diferencia de que los plazos son más acotados (gozan de mayor celeridad por su origen ciudadano). Una vez aprobada dicha idea, se otorgan plazos de hasta 12 meses para juntar una cantidad de firmas ciudadanas (también establecida por ley), para avanzar a la Cámara a su correspondiente votación y así todo el proceso hasta transformarse en Ley, pero no cualquier ley, sino una ley que viene directamente desde la ciudadanía.

En Chile, el 18 de octubre ha dejado en evidencia la necesidad de la ciudadanía de ser considerada directamente en la toma de decisiones, como también la deslegitimación de los partidos políticos y el escaso entendimiento de la clase política de las problemáticas que afectan a las personas en el día a día. Las cuales han sido investigadas y denunciadas durante años por ciudadanas y ciudadanos de a pie, como también por Universidades, Centros de Estudios y Organizaciones de la Sociedad Civil de todo tipo y que no tienen ningún tipo de injerencia real en la toma de decisiones y el direccionamiento de la sociedad, pues a nivel de derecho, más allá de los COSOC, no existen mecanismos de consideración para abordar los planteamientos de dichas instituciones u organizaciones y transformarlos en algo más que comentarios, investigaciones u observaciones.

Necesitamos una democracia donde la interacción entre las personas, las organizaciones e instituciones públicas sea más eficiente y qué mejor forma de lograr eso que abriendo espacios de participación directa con mecanismos claramente establecidos que consideren la voz ciudadana, pero con fuerza de ley.

Avanzar hacia una democracia más equitativa, participativa, moderna y consagrar la Iniciativa Ciudadana como un derecho constitucional, es una deuda con la ciudadanía... ¡Es un deber de nuestra Democracia!

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