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Opinión

Y a veces nos preguntamos por qué tanto ruido


 Por Prof. Juan Manuel Bustamante Michel, Presidente de la AFDEM Los Ángeles

Profesor Juan Bustamante M.

En mi anterior columna mencioné cinco cuerpos legales que extremaron, y lo curioso de todo que en plena democracia, el sentido profundo del “sistema civil de seguridad social” instalado en Chile a partir de los años ochenta – concebido antinómicamente (y eso es indiscutible) como bueno para muchos, pero malo para pocos -, saltándome ex profeso a sus autores / impulsores y los propósitos que encerraban tales instrumentos jurídicos (su espíritu), se entiende que en desmedro, como resulta obvio colegir, de los trabajadores y de sus ahorros previsionales y posibilidades futuras.

El asunto es que: 1) el Decreto 734 / 94 (obra del gobierno de don  Patricio Aylwin Azócar) eliminó para el Banco Central la facultad de proteger los títulos de inversión tranzados con dineros de los fondos de pensiones de los trabajadores; 2) con la Ley 18.137 / 99 (cometido del gobierno de don Eduardo Frei Ruiz – Tagle) se traspasaron a los cotizantes las pérdidas de las AFP a través de la rentabilidad negativa; 3) con la Ley 19.795 / 02 (aporte del don Ricardo Lagos Escobar) se crearon los multifondos que dieron lugar a las comisiones fantasmas que hoy, además de las habituales comisiones que deben pagar los trabajadores a las AFP por la administración de sus ahorros previsionales, les son cobradas sin mayor explicación ni justificación; 4) con la Ley 20.255 / 08 en sus Artículos 73° y 82° (iniciativa de la Sra. Michelle Bachelet Jeria) se eliminaron las garantías del sistema bajando las pensiones artificialmente y permitiendo el ingreso de las compañías de seguros hoy vigentes que se apropian a perpetuidad y sin derecho a retorno del total de los ahorros previsionales de los trabajadores una vez que éstos se jubilan y optan por una renta vitalicia para un supuesto mejor pasar en su vejez; así como 5) con la Ley 20.552 / 11 (contribución de don Sebastián Piñera Echeñique en su primer mandato presidencial) las AFP dejaron de pagar multas cuando no cumplieran con la rentabilidad esperada, garantizando de esa forma los intereses empresariales por sobre los de quienes son sus afiliados. Cinco perversas medidas todas éstas que vinieron a demostrar – y con claridad meridiana, es cierto – que el centro de interés no era precisamente el futuro de las pensiones en Chile sino que los requerimientos de DonDinero, ese poderoso caballero al que, como es sabido, moros y cristianos rinden pleitesía.

Sirva recordar en este caso que la idea de fondo – y muy en el fondo, para ser exactos – en torno a la creación de las AFP no fue precisamente la de ocuparse de la calidad de las pensiones a obtener por los trabajadores para su vida de pasivos, como ha quedado de manifiesto con el tiempo (si se consideran las indignas pensiones que alcanzan como retribución por toda una vida de trabajo), sino que la de crear un modelo de sistema de seguridad social – para nada solidario – que permitiera (con el pretexto de la libertad que supone disponer de cuentas propias para una capitalización individual) la generación de cuantiosas sumas de dinero (en la actualidad, unos US$ 200.000.000.000) para ser inyectados en calidad de recursos frescos al mercado de capitales en ese entonces, habida consideración de que nuestro país atravesaba allá por los años ochenta por una severa crisis económica – obra de los chicago boys chilensis – que significó a la postre ir generosamente al rescate de las grandes empresas de todo tipo con los recursos de los trabajadores del país acumulados en los fondos de pensiones; modelo instrumental que, como se ha podido ver, fue perfeccionado por los representantes de los ciudadanos, yendo en directo perjuicio de éstos.

El tema es que, dicho lo anterior, mientras de discutía si era legítimo o no, si era constitucional o no, si se estaban sobrepasando o no las reglas del juego con esto de que los afiliados a las AFP pudieran retirar el 10 % de sus fondos previsionales para resolver las situaciones emergentes que les han afectado producto de la pandemia provocada por el COVID – 19 (por lo demás, una medida que tenía como idea de fondo favorecer a 11 millones de chilenos, en severo contraste con lo ofrecido por el Gobierno para ir en ayuda de la clase media y donde por otro lado se anunciaban las penas del infierno por tal motivo), una sexta medida anti trabajadores, segunda del actual Primer Mandatario – en éste, su siguiente  mandato presidencial -, se tramitada en el Senado, como es la que permitirá  que las AFP no sólo puedan rescatar a las grandes empresas (que sabemos son de su propiedad), sino que emitir títulos de deuda carentes de factor de riesgo asociado, lo que ante eventuales pérdidas significará ni más ni menos que un gravísimo daño al patrimonio de los afiliados a las dichas entidades, constituyendo la guinda de la torta de este modelo ultraísta  tan intrínsecamente perverso, en palabras del papa de Juan Pablo II.

Pero eso no es todo. Si nos ubicamos nuevamente en el contexto del aporte de la ex presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria a los trabajadores con la Ley 20.255 / 08 (Artículos 73° y 82°) por la cual se rebajaron artificialmente las pensiones con el objeto de dar lugar a la participación de compañías de seguros en los procesos de otorgamiento de pensiones a los  jubilados en la modalidad “rentas vitalicias”, lo cierto es que aquí se ha cometido la más grande de las injusticias, toda vez que tales pensionados no tuvieron ni tendrán derecho a hacer uso de su 10 % de los fundos de pensiones, puesto que de alguna manera “compraron uniformidad” para sus ingresos mensuales con el traspaso de sus ahorros a tales compañías, quedando un número no menor de personas al margen de tal posibilidad por este exclusivo regalo a quienes dedicaron toda su vida al trabajo en el que se desempeñaron. Muchísimas gracias excelentísima/os ex gobernante/s.

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