viernes 28 de febrero, 2020

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Opinión

Yo votaré apruebo (I)


 Por La Tribuna

Mario Weldt Peña
Abogado y coordinador de Evópoli Los Ángeles

Durante el gobierno militar –léase dictadura– encabezado por el general Augusto Pinochet, se elaboró una Constitución con el objeto de reemplazar a la Constitución de 1925, que había sido suspendida en su vigencia en 1973, luego de ocurrido el golpe de Estado.

La Constitución Política de 1980 fue aprobada por medio de un plebiscito realizado el 11 de septiembre de dicho año, entrando a regir el 11 de marzo de 1981. Esta Constitución tenía un marcado tinte autoritario destinado a instaurar una (pseudo) democracia “protegida”.

El mayor problema de la Constitución de 1980 es que fue elaborada por la dictadura, por lo que en su origen no contó con la participación de la ciudadanía (el pueblo), en momentos en que no había libertad de expresión, ni un Congreso, ni partidos políticos legalizados, ni menos registros electorales, por lo que su génesis y el resultado de la votación no fueron legítimos.

A raíz de la derrota del plebiscito del 5 de octubre de 1988, por el cual el general Pinochet pretendía permanecer como presidente ocho años más, el gobierno militar se vio obligado a llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias, y además debió concordar con la oposición política de la época en una importante reforma a la Constitución (54 modificaciones), lo que fue aprobado por el 85% de los votos, en un plebiscito el 30 de julio de 1989. 

Dado que estas modificaciones no eran suficientes para considerar que la Constitución era realmente democrática, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el año 2005, se aprobó por el Congreso Nacional una nueva e importante reforma (58 modificaciones) a la Constitución. Ella fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria: 150 votos a favor, tres votos en contra y una abstención.

De esta forma –se dijo en aquella época– concluía el periodo de transición a la democracia.

Además de estas reformas, la Constitución ha sido modificada en muchos aspectos, aunque en temas más puntuales, por lo que su actual articulado es muy distinto del aprobado en 1980.

Desde este punto de vista, podría decirse que el problema de la ilegitimidad de origen que acarreaba la Constitución de 1980 ha sido saneado en el tiempo, ya que en las numerosas modificaciones realizadas participó tanto la ciudadanía (en el plebiscito de 1989) como el Congreso Nacional (en el resto de los casos).  

No obstante lo anterior, dado los altos cuórums que se requieren para modificarla, una importante parte del espectro político y de la ciudadanía no sentía que esta Constitución fuera suya, ya que según sus dichos, una minoría ha bloqueado por 30 años cambios que estiman importantes.  

A este respecto, debe tenerse presente que la voz “constitución” significa “establecer conjuntamente”, y no se trata de cualquier norma, sino que es la norma jurídica más importante de un país. Por ello es que se le denomina “carta fundamental”.

De este modo, para que una Constitución sea realmente legítima y válida, su contenido debe representarnos a todos o, al menos, a una importante mayoría.

Solo de esta forma la ciudadanía podrá sentir que tiene una Constitución propia y que –como tal– debe ser respetada. 

Por ello, yo votaré “apruebo” en el próximo plebiscito.

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